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La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, recibió al subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, al juez de la Suprema Corte, José Valerio, y a representantes del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y del Colegio de Abogados y Comisión de Derecho Penal, quienes se explayaron sobre los alcances del proyecto de ampliación de los juicios por jurado, que cuenta con media sanción de Senado.
D'Agostino, explicó que en el 2021 se conformó una comisión de seguimiento y análisis de juicios por jurado para ir avanzando hacia más delitos. “Esta comisión coordinada por el Poder Ejecutivo estuvo formada por representantes del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, del Poder Legislativo. Incorporamos a personas que tienen conocimiento de este tema, esta comisión comenzó a trabajar en marzo y es la base del proyecto que tiene media sanción en senadores”.
“Debido al éxito que ha tenido la implementación de los juicios por jurado desde 2019 a esta parte, nos pareció oportuno avanzar hacia otros delitos. Recordemos que hasta hoy, están contemplados los delitos que tienen pena de prisión perpetua y que están en el ámbito del artículo 80 del Código Penal. La idea es avanzar hacia otros delitos como el abuso sexual seguido de muerte que también tiene pena de prisión perpetua, el homicidio agravado por el uso de arma de fuego y el homicidio en ocasión o con motivo de robo que tiene una pena de diez a 25 años”, comentó.
“La idea es avanzar de manera decreciente, de mayor a menor respecto de la pena. Entonces ya teníamos los delitos de mayor pena, avanzar ahora a los de menor pena y así sucesivamente entendiendo que en un futuro, todo el sistema penal debería estar cruzado por el sistema de juicios jurados”, afirmó.
Esto es así, “porque la implementación hay que hacerla de un modo sistemático, la implementación de los juicios por jurado tiene una logística importante desde el punto de vista de su organización. Si nosotros avanzamos tomando delitos al azar, probablemente el sistema va a sufrir. Por eso la idea es avanzar de manera sistemática de delitos de mayor a menor pena”, sintetizó.
De acuerdo al primer artículo del proyecto en estudio, “los Juicios por Jurados Populares se realizarán sólo respecto de los delitos previstos en los Artículos 80, 124, 165 y 79 en función del Artículo 41 bis del Código Penal de la Nación cuando se hubieren consumado y los que con ellos concurran según las reglas de los Artículos 54 y 55 de este Código, siempre que deban ser juzgados simultáneamente con aquéllos. La competencia se determinará con la calificación de los hechos con los que se eleva la causa a juicio. Cuando un hecho hubiera conmocionado a una comunidad de tal modo que no pudiera razonablemente obtenerse un jurado imparcial, el Juez podrá disponer, sólo a pedido del acusado, en audiencia pública, con la intervención de todas las partes y mediante auto fundado, que se sorteen jurados de una circunscripción judicial de la Provincia distinta a aquella en que ocurrió el hecho delictivo. Esta prórroga de la jurisdicción, es independiente del lugar físico donde se realice el debate, el que será decidido por el Juez en audiencia y previo a escuchar la opinión de las partes”.
El funcionario provincial, sostuvo al respecto que desde su puesta en marcha, en promedio se celebra un juicio por jurado por mes, y que con esta ampliación, la hipótesis de máxima es alcanzar a dos por mes. “Con estadísticas y todo lo analizado, es algo perfectamente aplicable. Este procedimiento además, permite llegar a acuerdos por lo que los dos juicios por jurados por mes, es una hipótesis de máxima”, dijo.
Por otra parte, hizo mención a la reducción de costos en materia de alquileres, dado que dependiendo de la jurisdicción, se podrían trasladar al Polo Judicial donde hay 4 salas.
José Valerio, indicó por su parte que es una herramienta que “evita una serie de circunstancias que generalmente se sucedían. Es una ventaja porque está destinada a la eficacia y eficiencia del sistema y ha influido en la forma de litigación. Este sistema ha mejorado la calidad del sistema tanto del Ministerio Público como de la Defensa”.
Además, manifestó que este sistema ha obligado a las partes a empezar a analizar desde otra perspectiva el sistema acusatorio adversarial. “Es un conjunto de beneficios y de desafíos, por eso es gradual y decreciente de manera tal que todos los operadores del sistema vayamos aprendiendo”.
D Agostino, ponderó la participación de la ciudadanía, que “ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. En total, 464 jurados entre titulares y suplentes han participado hasta ahora, no se suspendió ninguna audiencia, y esto habla del nivel de compromiso. Son juicios que han venido para quedarse y cada vez son más las provincias que apuntan a este sistema que democratiza la justicia”.
Otro de los aspectos puestos en relieve por Fernando Guzzo, quien participó en representación del Ministerio Público Fiscal, es que “también es inédito que es la primera provincia que estableció igualdad de género en la conformación del jurado”.
De igual forma, ponderó que la “unanimidad – en el veredicto del jurado popular - es lo que nos distingue de las demás provincias, como el jurado anglosajón puro, basado en el debate, en garantizar la deliberación”.
Los presentes, señalaron que hasta el momento se han desarrollado 29 juicios bajo esta modalidad, de los cuales en 28 hubo unanimidad tanto para condenar como para absolver. “Sólo en un caso el jurado se estancó, no se puso de acuerdo. En este caso, el juez consulta al Ministerio Público Fiscal si insiste con la acusación y en ese caso, se disuelve el jurado y se convoca a otro”, explicaron.
De igual forma, Ximena Morales, del Ministerio Público de la Defensa, expresó que “lo que el jurado valora es lo que ocurre en el juicio. Lo que el testigo viene a decir en el juicio. Eso es un criterio básico. Aunque ha habido situaciones como por ejemplo, casos de testigos que han fallecido y en esos casos para que esa prueba sea tomada e incorporada, el funcionario da lectura al testimonio que hubiese dado previamente”. “Pero el eje central es la oralidad”, acotó por su parte Susana Soleti, representante del Colegio de Abogados y miembro de la comisión de Derecho Penal.
Otros aspectos que contempla el proyecto es que el sorteo debe ser público, así como las excepciones a la oralidad como la señalada anteriormente.
