PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR
Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) para la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) pone en números el fuerte peso fiscal que enfrenta la actividad vitivinícola en Mendoza. Según el estudio, una bodega con finca propia debe destinar casi el 62,4% de su ganancia bruta al pago de impuestos, lo que la deja con una rentabilidad neta muy reducida.
El análisis, realizado por los economistas Alejandro Trapé y Juan Pott Godoy, muestra que por cada 100 pesos facturados, una bodega integrada (productora de uva y elaboradora de vino) destina 81 pesos a cubrir costos operativos. De los 19 pesos restantes, 12 pesos se pierden en el pago de tributos, quedando apenas 7 pesos de utilidad neta.
La presión impositiva que soporta el sector no solo supera ampliamente el promedio nacional (37,7%) y provincial (39%), sino que también casi duplica la carga fiscal que enfrentan las bodegas chilenas, donde los impuestos representan el 42,4% del excedente. En Brasil, la carga es incluso menor.
Para las explotaciones primarias (fincas) el panorama tampoco es alentador: en Argentina los impuestos absorben el 57,1% del excedente, mientras que en Chile esta cifra desciende al 33,3%.
Los tributos que más inciden en esta presión son el Impuesto a las Ganancias (20,8 puntos), las cargas laborales (17,1 puntos) y el Impuesto al Cheque (10,9 puntos). A esto se suman los Ingresos Brutos y otros gravámenes indirectos que encarecen insumos, energía y combustibles. Según el informe, el grueso de esta carga proviene de impuestos nacionales.
El estudio también advierte que la situación se ha agravado en los últimos años. Desde 2017, la presión fiscal total pasó de 45% a 57,1% en fincas y de 58% a 62,4% en bodegas. En establecimientos más pequeños, la carga es incluso mayor, alcanzando el 63,4% del excedente en el caso de bodegas de menor escala.
