AMBIENTE
La Provincia avanzó en una profunda reestructuración del sistema de control ambiental al poner en marcha una nueva Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. El cambio deja atrás un esquema que llevaba más de tres décadas vigente y que había quedado desactualizado frente al crecimiento de nuevas actividades productivas.
El rediseño apunta a fortalecer la supervisión de sectores clave, especialmente la minería y los hidrocarburos, junto con una política más activa en el manejo de residuos. La intención es dotar al Estado de mayor capacidad operativa, con herramientas modernas, controles más frecuentes y equipos técnicos renovados.
La nueva organización se divide en tres grandes ejes. Por un lado, una coordinación centrada en industrias extractivas, encargada de controlar minería, petróleo y la calidad ambiental. Por otro, un área específica para residuos y economía circular, que abarcará desde desechos urbanos hasta materiales peligrosos. Finalmente, se suma un espacio orientado a la innovación y articulación, que trabajará en educación ambiental y en conjunto con los municipios.
Entre sus funciones principales, el organismo deberá realizar inspecciones en territorio, responder a denuncias por contaminación y autorizar proyectos a través de permisos ambientales. El objetivo es lograr un seguimiento más cercano y constante de las actividades que impactan en el entorno.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca agilizar los procesos de control y adaptarse a un escenario donde la actividad productiva exige mayores estándares ambientales. La meta es equilibrar el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales y la calidad de vida en Mendoza.
