SUMARIOS
El Gobierno de Mendoza desestimó el planteo presentado por diez integrantes de la fuerza policial que buscaban frenar un sumario administrativo iniciado por presuntas irregularidades cometidas durante sus funciones. La decisión fue oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
La investigación está a cargo de la Inspección General de Seguridad (IGS) e involucra a uniformados de distintos rangos, entre ellos un Comisario General y dos Comisarios. El expediente apunta a establecer si existieron incumplimientos o conductas incompatibles con las obligaciones del personal policial.
Los efectivos cuestionaron parte del procedimiento y argumentaron que no pudieron ejercer plenamente su defensa durante algunas etapas de la causa. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que el proceso respetó las garantías legales y que los acusados tuvieron oportunidades para presentar descargos y pruebas.
El análisis jurídico contó con la intervención de la Asesoría de Gobierno, que respaldó el accionar de la IGS y consideró que el sumario se desarrolló dentro de los parámetros legales establecidos. Además, el organismo entendió que no hubo irregularidades que justificaran anular las actuaciones realizadas hasta el momento.
Con esta resolución, el Ejecutivo confirmó la continuidad del expediente disciplinario y dejó agotada la instancia administrativa para los policías involucrados. A partir de ahora, la única alternativa que les queda es recurrir ante la Justicia mediante una acción procesal administrativa dentro del plazo previsto por la ley.
