Junín
“Soy tan tonta que lo sigo queriendo. A lo mejor la culpa de que él reaccione así es mía porque yo lo provoco, según él”, escribió “A” en el WhatsApp. Lo escribió casi sin poder ver. Sus ojos eran apenas una línea, la cara amoratada, hinchada y deformada por los golpes. Del otro lado “G”, su amiga de la iglesia, siguió intentando convencerla de que denunciara a su marido.
Fue una semana angustiante la del 21 de octubre hasta a la madrugada del 28. “A” estuvo prácticamente cautiva en su casa de la ciudad de Junín, casi en el límite con Rivadavia, aterrada por lo que podría hacer “M”, su marido. El infierno recién se comenzó a apagarse cuando “G”, después de intentar sin éxito que el 911 y el 144 atendieran la emergencia, radicara la denuncia por iniciativa propia en la Oficina Fiscal de Rivadavia y la ayudante fiscal Cinthia Paradero, bajo la supervisión del fiscal Tabaré Ezcurra, reaccionara rápidamente y la madrugada del pasado 28 de octubre detuvieran a “M” y rescataran a “A”, que se encontraba en shock, en un allanamiento autorizado por la jueza de Garantías María del Valle Sierra.
La historia
“A” tiene 41 años. Nació en Buenos Aires y después se radicó en San Luis. Tuvo una primera pareja y una hija y después se separó. Luego conoció a “M”, un metalúrgico de Junín, Mendoza, y en algún momento se mudó con él, mientras su hija, ya adulta, se quedaba en la provincia puntana.
“A” había tenido una vida compleja en lo económico y, en una ciudad desconocida, tuvo que adaptarse a vivir sin familia ni amigos. Pero la seguridad que le daba “M”, con casa y trabajo, le pareció suficiente. Además, estaba enamorada. No se sabe cuándo, pero ahora está claro que comenzó a ser víctima de maltrato y golpes hacía bastante tiempo. Confundida, dependiente emocional y económicamente de su victimario y sola en la provincia, no se animaba a denunciar las constantes agresiones y tampoco a cortar la relación.
Pero, en cambio, hizo algo que terminaría salvándola: comenzó a concurrir a las reuniones de la iglesia evangélica Centro de Adoración, ubicada en Fausto Arenas 873, de Rivadavia. Allí inició una relación de amistad con “E”, una feligresa, y con “G”, una mujer de 62 años que estaba a cargo del “Grupo de Guerreros 2”, un área de esta iglesia que da talleres. “A” fue invitada a dar clases de repostería, un oficio que había aprendido en el pasado.
En alguna charla entre “A” y “E”, la primera había contado, al menos en forma indirecta, que sufría alguna situación de violencia de género. “E” comenzó a tratar de convencerla de que lo denunciara o, al menos, que se acercara a alguna dependencia en donde pudieran ayuda. Incluso “E” se ofreció a acompañarla, pero “A” sostenía siempre que quería a “M”, que esperaba que la situación mejorara y que, además, su vida no tenía rumbo y estar con ese hombre le aseguraba casa y estabilidad económica.
El ataque
El sábado 21 de octubre “A” sufrió un ataque brutal. “M” la golpeó sin piedad. La víctima, en algún momento posterior, consiguió mandarle un mensaje de WhatsApp a su amiga “E”, contándole algo. “E” le insistió que denunciara, pero
no logró que “A” reaccionara. “G” contaría después en la Oficina Fiscal que “el domingo 22 de octubre me entero por una amiga común (“E”) que el marido la había golpeado mucho el sábado 21”.
Ese mismo domingo, “G” no dudó. “A las 22 de ese domingo, apenas me enteré de lo sucedido, llamé al 911 pero me dijeron que yo no podían hacer nada porque la que tenía que denunciar era “A”, la víctima”, contó. Luego “G” agregó que “el lunes 23, “A” me escribió por WhatsApp y ella misma me contó que su pareja le había pegado y me mando dos fotos. Me dijo que no podía abrir los ojos y no me dio más detalles”.
Las fotos mostraban un rostro deformado por los golpes. Los ojos eran apenas dos líneas delgadas, rodeados de enormes inflamaciones oscuras. “G” le insistió que llamara a la policía, pero “A” le contestó que su agresor le había dicho que “si veía a la policía la iba mataba. Me decía que no podía ir a dar clases de repostería”. “E” se arriesgó a ir hasta la casa de “A”, pero la atendió el hombre y no la dejó pasar, diciéndole que su pareja estaba descompuesta. Aun así, al día siguiente
“E” volvió a ir. Esta vez logró verla. “A” le dijo que se había caído en el baño, pero le pasó el número de teléfono de su hija, de San Luis, “para que le avisara por si le pasaba algo”, contó después “G”.
Durante el martes 24 y miércoles 25, mientras “A” seguía cautiva en su casa, sus amigas “E” y “G” se mantenían en contacto con ella a través de mensajes. Siguieron intentando convencerla de denunciar, al mismo tiempo que
intentaban encontrar alguna ayuda. “El jueves 26 en la mañana, llamé al 144 (el número de asistencia a las
víctimas de violencia de género). Me atendieron muy bien, pero me dijeron que no podían hacer nada porque yo no era la víctima”, contó “G”, al tiempo que aclaró que “Ella (“A”) no sabía nada de todo esto que yo estaba haciendo”.
El auxilio
Al atardecer del sábado 27 de octubre las iglesias evangélicas de Rivadavia habían organizado un encuentro en la plaza principal de esa ciudad del este mendocino.
Angustiada por la situación que vivía su amiga, en un momento “G” decidió cruzar la plaza e ir a hasta la Unidad Fiscal que funciona en la Comisaría 13. Allí habló con la ayudante fiscal Cinthia Paradero que, ante el relato de “G” y los mensajes y fotos que vio en su celular, entendió inmediatamente la gravedad de la situación y la urgencia con la que debía actuarse. Se formalizó la denuncia al instante, le dieron la alerta al fiscal Tabaré Ezcurra y este dispuso la inmediata detención de “M”.
La ayudante fiscal Cinthia Paradero se contactó con la Comisaría 19, de Junín, para que se concretara el operativo. Eran las 4.30 de la madrugada del domingo 28 de octubre. Personal de Investigaciones aportó el dato de que “M” era un hombre alto, de 1,85, robusto, que practicaba kickboxing y que posiblemente tuviera algún arma en su casa. Por esto, el fiscal Ezcurra pidió auxilio a la jueza de Garantías, María del Valle Sierra, y esta autorizó que se realizara un allanamiento en el
domicilio de “M”, con uso de la fuerza pública y concurrencia de las fuerzas especiales de la Policía.
Así fue que se organizó un operativo entre personal de la Comisaría 19 y los grupos UEP, GES, GRIS y hasta una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Bajo la supervisión en el lugar de la Fiscalía, la policía entró por la fuerza al
domicilio de “M” y lo redujo con el uso de una pistola TASER.
La ambulancia trasladó a “A”, que estaba en estado de shock, hasta el Hospital Saporiti. La médica de guardia “se negó a asistirla, debido a que las lesiones tenían más de una semana y no eran de urgencia”. Ante esto, “A” fue trasladada al Hospital Perrupato, de San Martín, donde una médica de guardia “constató lesiones leves y le dio de alta”.
El presente
“M” fue imputado y traslado a la penitenciaría. “A” quedó en la vivienda, con consigna policial en la puerta y con asistencia social. La Justicia podrá seguramente resolver la causa penal con cierta celeridad, pero el drama no terminará ahí. Más allá de que se sumen agravantes a la figura penal, es probable que “M” pueda recuperar la libertad y reciba una pena
en suspenso. Por esto “A” deberá abandonar la vivienda, ya que la casa es del agresor mucho antes de haberse formado la pareja. Entonces, la víctima deberá encontrar un nuevo rumbo.
Además, deberá tener una fuerte atención emocional y psicológica. Los mensajes que les mandó a sus amigas la muestran como una mujer muy vulnerable. “Soy tan tonta que lo sigo queriendo. A lo mejor la culpa de que el reaccione así es mía”.
Estas historias no terminan solo en una resolución judicial. La solución es mucho más compleja y más profunda. Al menos hay gente, algunas personas, que se preocupan por otros más allá de las trabas que puedan encontrar.
(Nota: Se han utilizado iniciales para identificar a las personas directamente involucradas en el caso y no se ha proporcionado la dirección del domicilio donde se produjeron los hechos, para preservar la identidad de la víctima y de
quienes la ayudaron)
