CASA PROPIA
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) modificó uno de los requisitos para acceder a los programas habitacionales en Mendoza. A partir de una nueva resolución, las personas con discapacidad que necesiten un sistema de apoyos judiciales podrán avanzar con la preadjudicación de una vivienda sin esperar que exista una sentencia definitiva.
La medida fue establecida mediante la Resolución 840, publicada el 8 de julio, y alcanza tanto a los programas habitacionales vigentes como a los que se implementen en el futuro.
El objetivo es evitar que las demoras de la Justicia paralicen expedientes de familias que ya cumplen con las condiciones para acceder a una vivienda, pero aún no concluyeron el trámite judicial para la designación de apoyos.
Qué requisito cambió el IPV
Con la nueva normativa, ya no será necesario presentar una sentencia firme para avanzar en la etapa de preadjudicación.
En su lugar, los postulantes podrán acreditar el inicio del proceso judicial mediante una constancia, documento que les permitirá continuar con el trámite administrativo y completar el denominado Cierre Social, instancia en la que el IPV verifica el cumplimiento de los requisitos del grupo familiar.
La disposición se aplicará en aquellos casos en los que exista una discapacidad certificada y resulte necesaria la designación de apoyos para la realización de determinados actos jurídicos.
La sentencia seguirá siendo obligatoria para escriturar
Aunque el trámite administrativo podrá avanzar, el fallo judicial continuará siendo un requisito indispensable para concretar la adjudicación definitiva.
La resolución establece que la sentencia deberá presentarse antes de la firma de la escritura y de la constitución de la hipoteca sobre la vivienda. Si ese documento no es entregado en esa instancia, el contrato podrá resolverse y el inmueble volver al patrimonio del IPV.
De esta manera, el requisito legal no desaparece, sino que se traslada al tramo final del proceso de adjudicación.
El IPV brindará asistencia a los postulantes
La Gerencia de Gestión Social será la encargada de realizar el seguimiento de los casos y asistir a quienes no cuenten con representación legal.
Cuando sea necesario, el organismo podrá derivar a los postulantes a la Asesoría de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Capacidad Restringida del Ministerio Público de la Defensa, con el fin de evitar que la falta de asesoramiento jurídico demore el acceso a una vivienda.
Además, el IPV mantiene un servicio de atención especializada para personas con discapacidad en su sede de Lavalle 92, en la Ciudad de Mendoza, de lunes a viernes entre las 8 y las 13.
La medida busca agilizar el acceso a la vivienda
Según explicó el organismo, la modificación forma parte de una política orientada a facilitar el acceso a soluciones habitacionales para personas con discapacidad y evitar que los plazos judiciales afecten el desarrollo de los programas.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, entre 2020 y septiembre de 2024 unas 330 familias integradas por personas con discapacidad accedieron a viviendas nuevas o a obras de adaptación destinadas a mejorar la accesibilidad y las condiciones de habitabilidad de sus hogares.
