HISTÓRICO FALLO
El Tribunal Oral Federal N.º 4 condenó este lunes a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y a José López, ex secretario de Obras Públicas, a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de cohecho y administración fraudulenta contra el Estado en el marco del caso Skanska.
Además de las condenas a los ex funcionarios, el tribunal también dictó sentencia contra ex directivos de la empresa sueca Skanska y otros involucrados en la investigación. De las 30 personas que llegaron al juicio oral, iniciado en 2024, 17 fueron absueltas.
Entre los condenados figuran Mario Piantoni, ex máximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, ex presidente de Skanska en Argentina; y Javier Azcárate, ex gerente comercial, quienes recibieron penas de cuatro años de prisión. En tanto, los ex directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba fueron condenados a tres años de prisión en suspenso.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal N.º 4, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, quienes dieron a conocer el veredicto durante el mediodía.
La investigación del caso Skanska se convirtió en una de las primeras causas de presunta corrupción durante el primer gobierno kirchnerista. El expediente analizó el supuesto pago de sobornos y sobreprecios para obtener la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004.
De acuerdo con la acusación, la empresa habría implementado un esquema para ocultar el pago de coimas mediante la utilización de facturas apócrifas emitidas por más de 20 empresas fantasma, con las que se simulaban servicios que nunca fueron prestados.
Durante el proceso judicial, una de las pruebas centrales fue una grabación interna de la propia compañía, en la que un ejecutivo hacía referencia al presunto pago de sobornos para garantizar la adjudicación de las obras públicas.
La sentencia se suma a otros antecedentes judiciales de Julio De Vido, quien ya había sido condenado por la Tragedia de Once. En noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia dejó firme esa condena y estableció una pena de cuatro años de prisión, al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.
