La Justicia volvió a condenar al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quien recibió una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por las irregularidades detectadas en la contratación de la constructora brasileña Odebrecht para las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, quienes consideraron a De Vido partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En el mismo proceso también fueron condenados el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, quien recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, sentenciado a dos años y seis meses de prisión condicional junto con la misma sanción de inhabilitación.
Por otra parte, el tribunal absolvió al ex vicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y al ex subgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat, al no encontrarse acreditada su responsabilidad penal en los hechos investigados.
Además de las condenas, el fallo estableció que los exfuncionarios deberán fijar un lugar de residencia y permanecer bajo supervisión de un Patronato durante el tiempo que duren las penas impuestas. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 4 de septiembre.

Las declaraciones antes de la sentencia
Antes de conocerse el fallo, Julio De Vido agradeció al tribunal por las facilidades otorgadas para seguir el proceso judicial tras haber atravesado recientemente un problema cardíaco. También destacó el trabajo de sus abogados durante el desarrollo del juicio.
Por su parte, Cristian Folgar cuestionó la extensión de los tiempos judiciales y sostuvo que el paso de los años afecta la calidad de los procesos. Según explicó, la causa analizó hechos ocurridos entre 2006 y 2008, mientras que el juicio se desarrolló dos décadas después, lo que, a su criterio, dificultó la producción de pruebas y el recuerdo de los testigos.
Asimismo, defendió las decisiones adoptadas durante la emergencia energética de aquellos años y argumentó que las ampliaciones de los gasoductos eran una necesidad estratégica para garantizar el abastecimiento energético del país.
Qué investigó la causa Odebrecht
La investigación se originó a partir de las derivaciones del caso Skanska, en el que se analizaron presuntos pagos de sobornos y sobreprecios vinculados con obras de infraestructura energética.
En este expediente, la Justicia investigó un supuesto direccionamiento de la licitación para las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) entre los años 2006 y 2008.
Durante los alegatos, los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz sostuvieron que los exfuncionarios impulsaron un marco normativo diseñado para favorecer a Odebrecht, al que definieron como un "traje a medida" para la empresa brasileña.
Las defensas, en cambio, argumentaron que las condiciones de contratación respondieron a la necesidad de enfrentar la emergencia energética que atravesaba el país en ese momento y solicitaron la absolución de todos los acusados.

