WALTERGATE
El juicio político al suspendido juez federal Walter Bento entrará en terreno de definición el próximo lunes 9, cuando declaren los últimos testigos y lleguen los alegatos de las partes, previos a la sentencia.
En paralelo al jury de enjuiciamiento, el magistrado está siendo juzgado en nuestra provincia por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.
En ambos juicios, el magistrado negó los cargos y aseguró que los testigos en su contra buscan "beneficios" en su condición de detenidos y condenados.
En el caso del jury, que evalúa su desempeño como juez, el jurado designado por sorteo está integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (PRO); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.
Para aprobar la destitución de Bento deben votar afirmativamente cinco de los siete jurados que integran el jury y la decisión no es apelable.
El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal María Gloria André y su colega que investigó durante la etapa de instrucción, Dante Vega, sostienen que existió una organización delictiva donde el juez Bento ejercía presuntamente el rol de jefe de una asociación ilícita dedicada a otorgar beneficios procesales (desvinculaciones o morigeraciones en el marco de un proceso) a cambio de distintas prestaciones como el pago de sumas de dinero o la entrega de bienes inmuebles o muebles.
En esa acusación también se encuentran la esposa del juez, Marta Boiza, y sus hijos Nahuel y Luciano Bento, imputados por haber formado parte del enriquecimiento ilícito del magistrado.
Pese a estar suspendido, por orden del Consejo de la Magistratura de la Nación, Bento todavía es titular del juzgado federal 1 de Mendoza, con competencia electoral. En su juzgado circulan causas contra el crimen organizado y temas vinculados al control de las elecciones presidenciales de esa provincia.
En abril de este año, por unanimidad, el Consejo apartó a Bento de un concurso para la Cámara Federal de Casación Penal por obviar en su presentación que estaba siendo juzgado por delitos graves.
La acusación contra Bento por mal desempeño la llevan adelante, en representación del Consejo de la Magistratura, el abogado Miguel Piedecasas, la diputada Roxana Reyes (UCR) y el senador Eduardo Vischi (UCR).
El lunes pasado, cuando se inició el jury, Piedecasas hizo hincapié en que el pedido de remoción recibió el voto unánime del plenario del Consejo por "la importancia y trascendencia de los cargos que se le imputan".
En esa audiencia Bento volvió a insistir en su inocencia y cuestionó la acusación porque "mezclaba" hechos del juicio penal tramitado en Mendoza con los del jury.
"No se puede hacer ingresar por la ventana lo que no ingresó por la puerta", ensayó el magistrado cuestionado, buscando deslegitimar la acusación de Piedecasas, Reyes y Vischi.
Bento también volvió a cargar contra el fiscal Vega y ratificó que "lo hemos denunciado en la provincia con mi anterior abogado (Mariano Cúneo Libarona) y en varias presentaciones en la Procuración General de la Nación, pero nunca hemos tenido una respuesta".
Con respecto a sus visitas a casinos en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, el juez suspendido consideró ante el tribunal que "alojarse en un hotel casino no implica infringir la norma de no concurrir a un casino". Es más, desafiante expresó que esos lujos se los podía dar gracias a sus ingresos.
El Reglamento de la Justicia Nacional impide a los magistrados jugar por dinero y les prohíbe visitar los lugares en los que se juegue, tal como un casino.
En la próxima audiencia se presume que terminarán de declarar los quince testigos citados por el tribunal a pedido de las partes y que se podrá pasar a la instancia de los alegatos.
