FALLO
La jueza civil María Angélica Gamboa desestimó el amparo presentado por el abogado Eduardo Sosa y la Fundación Cullunche, acerca de la inconstitucionalidad de las 34 declaraciones de impacto ambiental para las exploraciones en el proyecto Malargüe Distrito Minero II.
La resolución de la magistrada del Tribunal de Gestión Asociada Tercero se conoció este martes, y significa un aval para el desarrollo de la minería en ese sector del departamento sureño.
El letrado y la fundación promovieron un amparo colectivo para lograr la inaplicabilidad de la Ley N° 9.588, aprobada recientemente en la Legislatura.
De mínima perseguían una medida cautelar que frenara el avance de la normativa, sin embargo, recibieron un revés de la Justicia.
“Los agravios de ilegalidad esbozados resultan generalizaciones que pretenden abarcar un total de 34 proyectos de exploración minera, sin detallar las correspondientes a cada uno en concreto”, puntualizó la jueza.
“Sin desmerecer la loable actividad que la accionante Fundación Cullunche desempeña en nuestra provincia en torno al cuidado y preservación del ambiente, los argumentos bajo los cuales ha pretendido en autos atacar la constitucionalidad de una Ley ratificatoria de proyectos de exploración minera trasluce una pretensión de control formal de legalidad de un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, agregó.
