FALLO
La Justicia Federal de San Rafael ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) restituir de inmediato la pensión no contributiva suspendida a un mendocino con discapacidad, en un fallo que marca un precedente para casos similares.
El beneficiario es un hombre con un 80% de incapacidad laboral, que contaba con una pensión por invalidez desde 2020. A fines de junio, recibió la notificación de suspensión del beneficio, sin haber sido citado previamente al proceso de auditoría que la Nación inició en Mendoza este año. La falta de notificación impidió que presentara la documentación que avala su derecho.
Ante la suspensión del pago mensual de $220.000, el hombre solicitó una medida cautelar, que fue otorgada con efecto devolutivo, obligando a la restitución inmediata de la pensión mientras se resuelve el proceso principal.
Alcance del fallo
El juez federal ordenó que ANSES y ANDIS restablezcan el pago de la pensión en un plazo de cinco días. La medida cautelar es provisoria y preventiva, destinada a proteger los derechos urgentes del beneficiario, pero no resuelve el fondo de la cuestión, que se analizará en etapas posteriores.
El fallo subraya que la suspensión de la pensión sin notificación ni procedimiento previo constituye una vía de hecho administrativa, generando un perjuicio económico y asistencial al beneficiario. La medida busca evitar un daño irreparable, dado que la pensión es su única fuente de ingresos y su estado de discapacidad le impide generar recursos por otros medios.
Antecedentes del caso
La suspensión se basó en que el beneficiario no se habría presentado a la auditoría correspondiente, según ANDIS. Sin embargo, el hombre nunca recibió la citación en su domicilio registrado en el DNI y otros documentos oficiales, lo que evidencia que la falta de notificación no fue imputable al beneficiario.
La medida cautelar permite que la pensión sea abonada inmediatamente, aunque la agencia haya apelado la decisión. La restitución se mantiene vigente mientras la Cámara Federal de Mendoza revisa el caso.
Este fallo representa un precedente relevante para otros beneficiarios de pensiones suspendidas sin auditoría, reforzando la obligación de ANDIS y ANSES de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y asegurar su sustento económico y acceso a prestaciones médicas y asistenciales.
