La Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió un documento oficial que recopila y sistematiza estándares internacionales para guiar la intervención de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas. El texto, titulado "Intervención policial ante el ejercicio del derecho a la protesta", fue elaborado por la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del tribunal.

El documento reconoce a la protesta social como un derecho humano protegido constitucionalmente, vinculado a la libertad de expresión, el derecho de reunión y la participación democrática. Basándose en lineamientos de la ONU, la CIDH y otros organismos, en ese sentido establece límites para el uso de la fuerza: prohíbe el uso de fuerza letal y de armas de fuego para dispersar protestas, y establece que las armas menos letales solo pueden emplearse como último recurso y bajo estricta regulación.

Un apartado específico protege a periodistas y comunicadores, subrayando que no deben ser detenidos, hostigados o agredidos por registrar y difundir lo que ocurre en una manifestación, incluyendo la actuación policial. Asimismo, indica que sus equipos no pueden ser retenidos o destruidos.
El documento, de carácter orientativo, busca constituir una herramienta de evaluación y guía para las fuerzas de seguridad provinciales, reafirmando la obligación del Estado de facilitar el ejercicio de los derechos y proteger la integridad de las personas.



