WALTERGATE
El megajuicio contra el exjuez federal Walter Bento transita este viernes su tramo final con la última audiencia prevista ante el Tribunal Oral Federal 2. Desde las 8, los jueces darán a conocer el monto de las penas y la modalidad de cumplimiento para cada uno de los acusados, luego de haber confirmado días atrás la culpabilidad del exmagistrado, integrantes de su familia y otros implicados en la estructura investigada.
Durante la jornada anterior del juicio de cesura, el Ministerio Público Fiscal, representado por Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco, de la Procelac, solicitó que Bento sea condenado a 18 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $752.326.756,04, monto que deberá actualizarse cuando el fallo quede firme.
La fiscalía sostuvo que el exjuez encabezó una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas y al lavado de activos dentro de una trama de corrupción que, según los acusadores, operó desde el Poder Judicial provincial. En sus últimas palabras ante el tribunal, Bento pidió acceder al beneficio del arresto domiciliario, argumentando que su hijo Facundo tiene una discapacidad y requiere su presencia en el hogar, planteo que quedó a consideración de los jueces.
Para Marta Boiza, esposa del exmagistrado, el Ministerio Público Fiscal solicitó seis años de prisión, inhabilitación perpetua y una multa de $230.128.506. También se pidió una pena de cinco años para Nahuel Bento por lavado de activos.
Los otros condenados y los montos solicitados
Entre los pedidos de condena formulados por la fiscalía se encuentra el del abogado Luciano Ortega, para quien se requirieron 12 años de prisión, una multa de $127 millones y una inhabilitación de 10 años para ejercer la profesión, al ser considerado uno de los organizadores de la estructura ilícita. Para el letrado Jaime Alba se solicitaron siete años y diez meses por cohecho pasivo y asociación ilícita.
Asimismo, se pidieron seis años de prisión para Walter Bardinella Moroso, pena que se unificaría a 15 años por una condena previa por narcotráfico. Los abogados Martín Ríos y Francisco “Chato” Álvarez enfrentan pedidos de cinco años, mientras que para Matías Aramayo se solicitaron cuatro años y seis meses.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal requirió cinco años de prisión para el comisario Gabriel Moschetti por integración de asociación ilícita, en concurso real con violación de derechos y en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de 14 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Según la acusación, la estructura delictiva habría operado desde 2007 otorgando beneficios judiciales a detenidos o imputados, como libertades, faltas de mérito o modificaciones en las carátulas de las causas, a cambio de vehículos, inmuebles y coimas en dólares. Con la última audiencia de este viernes, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer las condenas que cerrarán una de las megacausas judiciales más relevantes investigadas en Mendoza.
