NUEVA LEY
La provincia de Mendoza sancionó una nueva ley que agiliza los procesos de desalojo y desadjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en casos de mora, abandono o uso irregular, con el objetivo de recuperar unidades habitacionales y garantizar que las soluciones habitacionales financiadas por el Estado lleguen a familias que realmente las necesitan.
Cambios en la normativa y nuevos mecanismos de desalojo del IPV
La Legislatura provincial dio sanción definitiva a la reforma impulsada por el Gobierno de Mendoza, que modifica la Ley Nº 4203, habilitando al IPV a promover juicios de desalojo una vez que la desadjudicación se encuentre firme. La normativa también introduce cambios en la Ley Nº 9001 y en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, con el objetivo de acelerar los procedimientos de recupero de inmuebles y establecer la competencia de la Justicia de Paz Letrada en estos casos.
Desde el organismo provincial destacaron que la medida apunta a reforzar el carácter social de las viviendas construidas con fondos públicos, asegurando que el sistema beneficie efectivamente a quienes se encuentran en situación de necesidad habitacional. En ese sentido, el presidente del IPV, Gustavo Cantero, sostuvo que la ley permitirá "actuar con mayor rapidez frente a situaciones de incumplimiento" y garantizar que las viviendas cumplan la función social para la que fueron creadas.
Más control, auditorías y cifras de recuperación de viviendas en la provincia
La sanción de la ley se complementa con el esquema de controles, inspecciones y auditorías permanentes que el IPV viene desarrollando en toda la provincia para detectar incumplimientos en viviendas adjudicadas.
Durante 2025, el organismo inició 658 expedientes, de los cuales el 95% correspondió a situaciones de mora y el 5% a ocupaciones irregulares. En ese período se resolvieron 514 casos y se concretaron 18 desadjudicaciones.
En lo que va de 2026, el IPV abrió 413 nuevos expedientes, con un 90% por mora, un 7% por mora combinada con ocupación irregular y un 3% por ocupaciones irregulares. En este período ya se resolvieron 251 casos y se registran 28 viviendas desadjudicadas, mientras el organismo continúa con tareas de verificación en todo el territorio provincial para asegurar el uso correcto del parque habitacional social.
