LEGISLATURA
La Legislatura provincial está próxima a aprobar de forma definitiva dos proyectos de ley que buscan establecer sanciones económicas directas a funcionarios que incurran en negligencia en el ejercicio de sus funciones. Las iniciativas apuntan a mejorar la respuesta del Estado frente a reclamos judiciales y a reducir el daño económico que las demoras o incumplimientos generan tanto a la administración pública como a los ciudadanos.
Uno de los proyectos modifica el Código Procesal Administrativo e incorpora la obligación de identificar al funcionario responsable cuando se produzca una denegación tácita, es decir, cuando un organismo estatal no responde dentro de los plazos legales a un pedido formal. En estos casos, el tribunal que admita la acción judicial deberá señalar al agente responsable y solicitar que se le apliquen las sanciones correspondientes previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos.
El segundo proyecto, que modifica el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, establece que cuando prospere un amparo por mora —conocido como amparo por urgimiento—, las costas del juicio deberán ser pagadas no solo por el Estado, sino también por el funcionario identificado como responsable de la demora, en forma solidaria. Esto busca desalentar la omisión de deberes y garantizar que las demoras injustificadas tengan consecuencias concretas para los responsables.
Según datos oficiales, en los últimos años el Estado provincial ha tenido que afrontar pagos millonarios en concepto de intereses derivados de juicios perdidos por demoras administrativas. Solo en 2024, la Provincia desembolsó más de 6.900 millones de pesos por sentencias judiciales, de los cuales el 75% correspondió a intereses generados por la inacción estatal. Este gasto creció casi un 190% respecto al año anterior.
Ambas normas, con media sanción en las cámaras legislativas, buscan fortalecer la transparencia y eficiencia en la función pública, fijando responsabilidades patrimoniales directas a quienes incumplen sus obligaciones y causan perjuicios evitables al Estado o a particulares.
