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MEDIDAS

Mendoza emitirá deuda por $224 mil millones para refinanciar pasivos hasta 2025

El gobernador Alfredo Cornejo firmó dos decretos que autorizan al Ministerio de Hacienda a colocar títulos por más de 224 mil millones de pesos. El objetivo es mejorar el perfil de vencimientos y cumplir con compromisos financieros sin aumentar el déficit.

casa de gobierno

El Gobierno de Mendoza oficializó la autorización para emitir deuda por un monto de hasta $224.618 millones, con el fin de refinanciar obligaciones preexistentes y aliviar la presión fiscal en el corto plazo. La medida fue dispuesta a través de dos decretos —el N° 117 del 28 de enero y el N° 321 del 20 de febrero— publicados este lunes en el Boletín Oficial.

La emisión está contemplada en la Ley de Presupuesto 2025 (N° 9601) y en la Ley de Administración Financiera (N° 8706), que habilita al Poder Ejecutivo a recurrir al crédito público para mejorar plazos, tasas y condiciones de pago de la deuda consolidada.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la operatoria no implica nuevo endeudamiento, sino que busca reordenar los compromisos fiscales existentes, optimizando la planificación financiera hasta diciembre de 2025.

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Primeros pasos: colocación de bonos y compra de dólares

A mediados de marzo, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, anunció la colocación de dos bonos en pesos por un total de $56.000 millones, lo que permitió a la provincia acceder, a través del Banco Central, a USD 40 millones para cubrir el primer vencimiento del Bono Mendoza 2029, correspondiente a amortización de capital.

De acuerdo con el cronograma oficial, en septiembre deberán abonarse otros USD 39,85 millones en concepto de amortización, y USD 9,16 millones por intereses de ese mismo título, emitido originalmente en 2016 y reestructurado posteriormente.

Instrumentos y condiciones de emisión

La normativa prevé la emisión de tres tipos de títulos en pesos:

Títulos CER: ajustados por inflación mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia.

Títulos a tasa variable: indexados por tasas de referencia como BADLAR o TAMAR.

Títulos a tasa fija: con un interés determinado al momento de la licitación.

Los bonos podrán emitirse en distintas series o clases, con un plazo máximo de 48 meses desde su fecha de emisión. También se prevé la posibilidad de rescate anticipado, ya sea total o parcial.

El mecanismo de colocación será por licitación pública a través del sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico (MAE), bajo modalidad de subasta holandesa.

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Garantías, forma de pago y registro

Para dar seguridad a los inversores, la provincia utilizará como garantía los fondos de Coparticipación Federal de Impuestos, un mecanismo habitual en este tipo de operaciones. En caso de incumplimiento, el Banco Nación, como agente financiero, transferirá los fondos directamente a la Caja de Valores S.A., garantizando el cobro a los tenedores de títulos.

Los pagos se realizarán exclusivamente en pesos, mediante transferencias electrónicas. Los títulos estarán registrados en certificados globales y podrán ser negociados en el MAE o en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA).

Facultades delegadas y vigencia

Los decretos también delegan al Ministerio de Hacienda la facultad de definir todos los aspectos técnicos y operativos de cada emisión: fechas, tasas, montos, condiciones y documentos legales. Además, autorizan al ministro a gestionar habilitaciones ante organismos nacionales.

El Decreto N° 321, que reemplaza al anterior, aclara que los fondos no se usarán para financiar gasto corriente, sino exclusivamente para refinanciar pasivos existentes, lo que mejora el perfil financiero sin alterar el nivel estructural de endeudamiento. También extiende la autorización hasta el 31 de diciembre de 2025, brindando mayor flexibilidad temporal para ejecutar las emisiones según las condiciones del mercado.

Objetivo: mantener la solvencia y reputación financiera

Desde el Ejecutivo provincial destacan que esta estrategia permite a Mendoza mantenerse activa en el mercado de capitales, asegurando liquidez y fortaleciendo la confianza de los inversores. También se busca cumplir con las exigencias del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, un requisito clave para llevar adelante este tipo de operaciones.

La decisión responde, en última instancia, a una necesidad de sostener la capacidad de pago de la provincia en un contexto macroeconómico incierto, sin recurrir a mayores niveles de endeudamiento neto.

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