TRANSPARENCIA, CELERIDAD Y EFICIENCIA
Como lo había anticipado el gobernador Alfredo Cornejo la semana pasada en San Rafael, el Ejecutivo provincial presentó este miércoles el proyecto de ley para la reforma del Código Procesal Penal. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto con la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, encabezaron la presentación de la iniciativa, cuyo objetivo es acelerar la resolución de causas y garantizar que los procesos penales se desarrollen en tiempo oportuno.
En su explicación, Rus destacó que buscan mejorar sustancialmente dos servicios esenciales: seguridad y Justicia, “y su incidencia anclada en tres ejes que son importantes”.
Respecto del primero, la funcionaria señaló que se trata de lograr “una Justicia más ágil y efectiva, que permita una respuesta adecuada a la víctima, un mensaje de no impunidad y que devuelva la legitimidad y la confianza de la ciudadanía”.
En cuanto al segundo eje, la ministra explicó que pretenden aumentar la transparencia y la eficiencia de las audiencias. “Esto está relacionado con toda una organización del sistema, que se va a publicar y ampliar. Permitirá un mejor control de auditoría y protegerá el tiempo de la ciudadanía, de los testigos, magistrados, fiscales y abogados, evitando reprogramaciones indefinidas y la frustración de las audiencias”, señaló.
El tercer punto, añadió Rus, apunta a equilibrar la carga entre los jueces y tribunales. “Optimizar recursos dentro del sistema judicial nos permite no elevar el gasto público y gestionar un sistema de seguridad más rápido y efectivo. Multiplicando los decisores y reorganizando las audiencias podemos mejorar la respuesta judicial”, sostuvo.
También se remarcó que la infraestructura existente respalda la reforma. “Se construyó un polo con salas de audiencia disponibles en todo horario, al servicio de la seguridad. Esto permite que las aprensiones realizadas en flagrancia se gestionen de manera adecuada y oportuna”, dijo.
Asimismo, la funcionaria detalló la importancia de atender distintos tipos de delitos. “Otras reformas fueron importantes en delitos graves como homicidios y robos con armas, pero también necesitamos una buena contención de robos simples, encubrimientos y otros delitos. Estos no deben depender de un mal uso del juicio abreviado, de la condena de ejecución condicional o de suspensiones de procesos. Para eso, el sistema necesita tiempo y espacio, y parte de estas reformas buscan eso”, afirmó.
En cuanto al funcionamiento del fuero penal, sostuvo: “Es uno de los más exigidos, es el que directamente está relacionado con seguridad. Sabemos del compromiso de muchos de los magistrados y del trabajo de ellos, y creemos que esto va a ayudar. Nuestro diagnóstico nos muestra dos cuestiones que hay que arreglar o profundizar de todas las reformas que se han venido haciendo”.
En ese marco, Merces Rus indicó que la mayoría de las audiencias se concentra en un horario reducido y que la distribución de causas entre tribunales no es equilibrada. “El 86% de las audiencias se realiza entre las 8 y las 13, y mientras un conjunto de 36 jueces penales colegiados recibe 20.000 causas al año, los tribunales de juicio apenas 1.800. Esta brecha debe ser reconsiderada para que los magistrados puedan trabajar de manera más tranquila y los procesos avanzar sin frustraciones”, explicó.
Rus concluyó que estas reformas permitirán un mejor desempeño judicial y fortalecerán la percepción de la ciudadanía sobre la Justicia. “El sistema estará mejor organizado, se evitará el mal uso del juicio abreviado y los procesos podrán avanzar. Esto contribuye a legitimar la justicia y al orden público”, afirmó.
Tres claves para agilizar y fortalecer la Justicia penal
El proyecto del Gobierno se apoya en tres ítem principales. El primero es garantizar una franja horaria más amplia para audiencias penales, extendiéndola al horario vespertino para dar respuesta inmediata a los casos y evitar demoras que frenen el avance de los procesos.
El segundo apunta a ampliar la participación de operadores judiciales, potenciando el rol de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, lo que permitirá que más profesionales intervengan en las etapas clave de los juicios y se multiplique la capacidad operativa del sistema.
El tercero propone reorganizar la Oficina de Audiencias para optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones por frustraciones evitables y postergaciones, y asegurar un flujo ordenado y ágil de los procesos judiciales.
