CADENA DE DECRETOS
El Gobierno de Mendoza oficializó una batería de decretos que impactan en la situación administrativa y disciplinaria de efectivos policiales y del Servicio Penitenciario. Las normas, publicadas en el Boletín Oficial, disponen no confirmaciones en cargos interinos, desafectaciones, demandas para anular adicionales salariales y el rechazo de recursos presentados por agentes sancionados.
Las medidas se sustentan en dictámenes de la Asesoría de Gobierno y del Ministerio de Seguridad y Justicia, con fundamento en las leyes provinciales 6.722 y 7.493.
No confirmación tras un episodio con alcohol
El gobernador dispuso la no confirmación y desafectación de un oficial subayudante que protagonizó un violento incidente en un local de Las Heras mientras atravesaba su período de prueba.
El hecho ocurrió la madrugada del 14 de junio de 2025. Según el acta policial, el efectivo —que se encontraba junto a otra mujer policía— provocó daños y desórdenes en el lugar. El dosaje arrojó 1,33 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple del máximo permitido para un conductor particular y considerado una falta gravísima dentro de la fuerza.
El Juzgado Contravencional N° 2 lo condenó a pagar 400 Unidades Fijas por infringir el Código de Contravenciones. Aunque no registraba sanciones previas, la cúpula policial concluyó que no reunía las condiciones éticas necesarias para ejercer la función.
Demanda para anular un adicional salarial
El Ejecutivo ordenó iniciar acciones judiciales contra un oficial principal para dejar sin efecto un adicional salarial otorgado en 2022 por su título de Licenciado en Niñez, Adolescencia y Familia, con retroactividad a agosto de 2021.
Una revisión de la Dirección de Asesoría Letrada detectó un “vicio grave” en la resolución que reconoció el beneficio, al considerar que se dictó con “exceso de la facultad reglamentaria” y que el título no encuadra en la normativa vigente para percibir ese suplemento.
Desafectación de un auxiliar bajo investigación
A través del Decreto 2874, el Gobierno resolvió la no confirmación y desafectación de un auxiliar policial designado en octubre de 2024, en el marco del período interino de doce meses previsto por la Ley 6722.
El agente estaba vinculado a actuaciones por “abandono de servicio” y a una compulsa judicial en una causa por “instigación o ayuda al suicidio”. La Dirección General de Policías consideró que no demostró adaptación ni subordinación al régimen policial. El decreto deja abierta la vía recursiva prevista en la Ley 9003.
Expulsión tras un incidente con el arma reglamentaria
El Ejecutivo dejó firme la expulsión de un joven oficial que protagonizó un episodio grave con su arma reglamentaria. En su descargo, el ex subayudante alegó falta de experiencia y desconocimiento de los procedimientos, e intentó encuadrar el hecho como una simple negligencia.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad y Justicia entendió que esos argumentos confirmaban su falta de aptitud para portar un arma del Estado y ratificó la medida.
Otra demanda por un título de odontología
El Gobierno también demandará a una comisario inspector —perteneciente al Personal Policial de Apoyo— para anular una resolución de 2021 que le reconoció el pago de un adicional por el título de Auxiliar Técnico en Odontología, con retroactivos entre 2009 y 2013.
Una auditoría jurídica concluyó que la resolución presentaba un “vicio grave o grosero”, por haberse dictado con exceso de facultades y en contradicción con la normativa vigente, lo que implicaría un perjuicio económico para el Estado provincial.
Cuestionan adicional por título en Criminalística
En otro caso, el Ejecutivo avanzará para dejar sin efecto resoluciones dictadas en 2020 que reconocieron a un efectivo un adicional por un título de Criminalística expedido por el Instituto Técnico Superior Juan Vucetich.
La Asesoría Letrada determinó que esas decisiones también adolecen de un “vicio grave o grosero”, al considerar que el reconocimiento excedió las facultades reglamentarias y que el título no resultaba habilitante según el orden normativo vigente.
Ratifican suspensión pese al sobreseimiento penal
Por último, el Decreto 73 rechazó el recurso jerárquico de una auxiliar policial que buscaba anular una suspensión de 36 días. La agente había sido sobreseída en la Justicia penal por el beneficio de la duda en una causa por lesiones.
Los dictámenes oficiales recordaron que, conforme al artículo 141 de la Ley 6722, la responsabilidad disciplinaria es independiente de la penal. En ese sentido, el Ejecutivo sostuvo que el sobreseimiento judicial no impide la aplicación de sanciones administrativas y confirmó la medida impuesta por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
