Pedido de informes
El proyecto de resolución fue presentado en la Legislatura por el diputado provincial Carlos Sosa (Frente de Todos-PJ). Le solicita “al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, al Cuerpo Médico Forense y al Ministerio Público Fiscal que informen aspectos diversos referidos a la realización de necropsias en cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 en la provincia de Mendoza, desde la creación de la Unidad de Control Óbitos (UCO), en setiembre de 2020, hasta la aprobación” de la iniciativa.
Contenido en el expediente Nº79.617 de la Cámara Baja, el requerimiento también indaga acerca de la “cantidad de necropsias realizadas por establecimiento”, según se hayan llevado a cabo “con conocimiento previo de que se estaba ante un caso de COVID-19 positivo o que tuvieron confirmación de la presencia del virus a raíz de la práctica, tanto en casos judicializables por 'muerte dudosa' como en casos no judicializables que no fueron canalizados hacia la Unidad de Control Óbitos” (UCO).
La UCO fue creada oportunamente para “evitar al máximo posible la realización de necropsias en restos humanos con COVID-19 en el Cuerpo Médico Forense” a fin de “no exponer innecesariamente al personal médico legista a los riesgos de contagio que presenta toda intervención llevada a cabo a un cuerpo con la presencia de ese virus”.
La iniciativa recaba datos sobre los “motivos de la realización de necropsias en infectados por COVID-19 y responsables de ordenar la práctica”, el “listado de personal vinculado directa o indirectamente en la realización de necropsias que hubiere resultado afectado en su salud a raíz de estas intervenciones, si lo hubiere”, y la “cantidad de certificados de defunción expedidos por la UCO que hicieron innecesaria la realización de necropsias”.
La propuesta legislativa tiende a que la función de la UCO sea cumplida fehacientemente para que “la realización de las necropsias en fallecidos/as con COVID-19 se restrinja únicamente a los casos médico-legales en los que la judicialización se hace necesaria para detectar otra posible causa de muerte”.
Contexto preocupante
El proyecto del también presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales remarca que por costumbre “aún se mantiene en algunos de los integrantes del cuerpo de fiscales de la provincia la práctica de ordenar la realización de autopsias en casos de fallecimientos por COVID-19 no judicializables, en lugar de apelar a la intervención previa de la UCO”.
En este sentido, el legislador justicialista resalta que ese hábito remanente “deriva en la consiguiente generación de un riesgo adicional evitable para el personal del Cuerpo Médico Forense y de cualquier otra dependencia interviniente que termina comprometido en la realización de una práctica que no le compete, como es la necropsia anátomo-clínica para el diagnóstico de COVID-19”.
La preocupación está basada en que esa práctica va en contra de las recomendaciones emanadas de las “normativas precautorias referidas al manejo de los cuerpos humanos de víctimas de COVID-19 y a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud tendientes a evitar la realización de necropsias en estos casos”.
El pedido de informe de Sosa cobra más relevancia ya que surge en un contexto en el cual “la detección de la presencia de la denominada 'variante Manaos' en Córdoba hizo presumir a científicos y autoridades que la llegada a la Argentina, y a Mendoza, de una nueva ola de la pandemia es inevitable”.
La argumentación del proyecto de resolución señala que “es necesario extremar el cumplimiento de las recomendaciones y los protocolos frente a los riesgos que surgen ante el crecimiento de los números de infectados y de víctimas fatales”.
