Legislatura
La iniciativa -contenida en el expediente Nº80.375 de la Cámara Baja- fue ingresada a la Casa de las Leyes por el legislador justicialista Carlos Sosa, junto a las firmas de sus pares Laura Chazarreta, Laura Soto, Liliana Paponet, Marisa Garnica, Paola Calle, Cristina Pérez, Silvia Stocco, Verónica Valverde, Marcelo Aparicio, Germán Gómez, Bruno Ceschín, Duilio Pezzutti, Edgardo González, Néstor Márquez y Helio Perviú.
Los antecedentes inmediatos reflejados en sus fundamentos destacan que, “en 2013, la CGT, a cargo del secretario general Jorge Córdova, e Irrigación, bajo el superintendente José Luis Álvarez, firmaron un comodato gratuito con el compromiso del mantenimiento y el pago de servicios, y con cláusula amplia de rescisión. Por entonces, la Municipalidad de Capital comenzó a reclamar deudas atrasadas por pesos setecientos cincuenta y cuatro mil ($754.000)”.
Prosiguen remarcando que, “en 2017, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, dictó la resolución Nº715 que rescindió el comodato y emplazó a la CGT para la entrega, al tiempo que radicó denuncia en la Justicia. El 21 de noviembre de 2018 se produjo el primer intento de desalojo en la sede de la CGT, por orden del Octavo Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción Judicial”.
Y resaltan además que, “el 11 de agosto de 2021, frente a la sentencia de desalojo, la CGT Mendoza realizó una convocatoria firmada por el delegado regional, Luis Márquez; el delegado regional adjunto, Oscar Arancibia”, y el secretario gremial, Carlos Sosa, en la puerta de la misma sede de la central obrera, ocasión en la cual “se recibió el informe sobre el estado legal de la causa y se rechazó de plano el despojo a la CGT Mendoza de su propia casa”.
En la oportunidad, junto a Márquez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); Arancibia, titular del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga), y Sosa, secretario general de la Unión Ferroviaria, participaron los titulares del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), Marcelo Aparicio; de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), Rolando Firmani; del Sindicato de Trabajadores del Correo y Telecomunicaciones (Sitracyt), Eduardo Molina, y del Sindicato de Luz y Fuerza, Alberto Rodríguez, todos integrantes del cuerpo directivo de la CGT.
Orígenes y legitimidad
La historia de esta situación se remonta a 1950, cuando el Departamento General de Irrigación (DGI) -mediante su resolución Nº760, del 22 de agosto- le vendió al Gobierno provincial (a cargo del justicialista Blas Brísoli) el inmueble en cuestión, comprado con aportes de los regantes y que funcionara como su sede hasta 1946.
En 1951, ese mandatario firmó los decretos Nº558 y Nº1.181, por los cuales el Estado mendocino dispuso adquirir esa propiedad para destinarla a la CGT.
Posteriormente, en 1953 (bajo la gobernación justicialista de Carlos Evans), las cámaras de Diputados y de Senadores de Mendoza aprobaron el proyecto de ley presentado por Ernesto Corvalán Nanclares y Alberto Serú García para disponer la cesión total del inmueble a la CGT Regional, con el fin de poner en funcionamiento una escuela sindical. Seguidamente, la CGT Mendoza instaló ahí su sede oficial.
Desde entonces, la utilización de la sede de la calle 25 de Mayo por parte de la CGT estuvo condicionada a los vaivenes de un largo período con intermitencias democráticas en escenarios con predominio de gobiernos que usurparon el Poder Ejecutivo Nacional mediante golpes de Estado cívico-militares.
A pesar de eso, la titularidad de la sede central de la CGT nunca fue cuestionada hasta la irrupción del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, la última dictadura cívico-militar, que desde el 24 de marzo de 1976 instauró el mayor genocidio de la historia del país que duró hasta el 10 de diciembre de 1983.
Planteo nacido de la dictadura
En ese momento, el planteo para no reconocer como propietaria del inmueble a la central obrera surgió por el acuerdo de tres militares que usurparon puestos en la CGT, en Irrigación y en la propia gobernación de la Provincia.
Fue cuando el interventor militar de Mendoza, Jorge Sixto Fernández, a través de su ministro de Gobierno, Teófilo Ramírez Dolan, le reclamó a la central sindical, intervenida por el coronel Augusto Landa Morón, la “devolución” del inmueble ante el reclamo del DGI, intervenido a su vez por el comodoro (RE) Juan Mario Alberto Marino, porque “el Gobierno no pagó la operación de compra del inmueble”.
Poco después, el coronel José Tidio Lagomarsino de León (nuevo interventor en CGT de la República Argentina) y el comodoro Marino (de Irrigación) acordaron que la central obrera entregaría el inmueble antes de 1981 y que el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mendoza (expediente Nº24600-4) debía homologar el acuerdo.
En el retorno de la democracia, el gobernador radical Santiago Felipe Llaver destinó la sede de la CGT al resguardo de damnificados por el sismo de 1985 y, en 1990, el mandatario justicialista José Bordón firmó un acuerdo con la CGT -cuyo secretario general era Guillermo Luchessi- mediante el cual le “restituyó” la sede a la central obrera, pero “en calidad de préstamo”. Este estatus prosiguió así hasta la rúbrica del comodato gratuito en 2013.
