POSTERGADA REFORMA
La tormenta histórica del 30 de enero dejó al descubierto una problemática que excede los daños materiales y apunta directamente a la gestión del arbolado público en Mendoza. En Guaymallén, uno de los departamentos más afectados, el fenómeno climático expuso las limitaciones legales de los municipios para actuar con rapidez frente a situaciones de riesgo.
El intendente Marcos Calvente planteó la necesidad de avanzar en una reforma de la legislación provincial que permita a las comunas tomar decisiones directas sobre los árboles ubicados en zonas urbanas. El reclamo encontró respaldo en el gobernador Alfredo Cornejo, quien confirmó que el Gobierno provincial ya trabaja en una modificación de la Ley de Arbolado Público.
Daños, incidentes y un denominador común
En Guaymallén, el temporal provocó más de 300 incidentes, de los cuales dos tercios estuvieron relacionados con el arbolado público. Se registraron 85 árboles caídos, 108 ramas de gran porte desprendidas y 43 viviendas anegadas, además de interrupciones en el suministro eléctrico en distintos sectores del departamento.
Según explicó Calvente, el problema no radica únicamente en la cantidad de árboles, sino en la antigüedad y el tamaño de muchos ejemplares, que no responden a los criterios actuales de planificación urbana. “Son árboles que crecieron cuando la ciudad tenía otra escala”, advirtió.
Un sistema que demora respuestas
Hoy, la Ley N° 7874 establece que la Provincia de Mendoza es la autoridad de aplicación en materia de arbolado. Aunque los municipios realizan tareas de mantenimiento, no tienen la decisión final sobre la erradicación, intervención o rediseño de forestación, atribuciones que recaen en el Departamento de Forestación, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente.
Para el intendente guaymallino, este esquema genera una situación contradictoria: el vecino reclama ante el municipio, pero la resolución depende de un organismo provincial, lo que puede implicar tiempos incompatibles con situaciones de emergencia.
El debate no es solo administrativo. Calvente remarcó que la caída de árboles de gran porte puede derivar en consecuencias fatales, como ya ocurrió en otros puntos de la provincia. Recordó el caso de Maipú, donde un viento Zonda provocó la muerte de una mujer tras el derrumbe de un árbol sobre un vehículo.
A esto se suma el impacto económico. En Guaymallén, la Municipalidad debió invertir en equipamiento especial para trabajar sobre árboles que superan los 30 metros de altura, una tarea que requiere altos costos operativos y personal capacitado.
Replantear el modelo de forestación urbana
Si bien el jefe comunal destacó que Guaymallén planta más de ocho árboles por cada ejemplar erradicado, sostuvo que la discusión debe ir más allá del número. “El desafío es pensar el crecimiento del arbolado público en función del recurso hídrico, la seguridad y las necesidades reales de cada ciudad”, señaló.
A diferencia de otros departamentos que impulsan la autonomía municipal, Calvente consideró que el camino más viable es una ley provincial actualizada, que otorgue mayor margen de acción a los municipios, pero bajo criterios comunes de protección ambiental.
