EL AGUA Y LA SALUD
En diciembre de 2019, se aprobó la ley 9209 que modificaba la ley 7722. Días después, ante el reclamo popular, el gobernador Suarez se vio obligado a la derogación de la norma, aduciendo que se perdía una oportunidad para Mendoza y que no le creyeron lo duro que él sería con los controles.
Hace más de un año se está construyendo una ampliación de un colector cloacal desde Godoy Cruz hasta la intersección de las calles Alem y Elpidio González de Guaymallén.
En enero de este año se produjo una rotura de cloacas en Dorrego que formó un río cloacal que terminó con esas aguas regando cultivos hortícolas en Guaymallén. De esta manera, se perdió Suárez la gran oportunidad de mostrar la eficiencia del Estado bajo su comando.
Los vecinos al río cloacal hicieron denuncias a la Dirección de Protección Ambiental, al Ente Provincial del Agua y Saneamiento, a Irrigación y al Municipio. Sin embargo, ninguno de los organismos informó sobre el avance de los trámites realizados.
También fueron numerosos los reclamos por la construcción de una planta de clasificación de material, sin ningún tipo de mitigación de la contaminación que generó por más de un año y con el consentimiento de la empresa de aguas. Las inmediaciones de las calles Alem y Elpidio González, se convirtieron en un basural, sin mencionar la consecuente complicación que generó y todavía genera para los vecinos.
De haber actuado los controles rigurosos que el Gobernador aseguraba implementar, podríamos haber evitado los problemas que generó el río cloacal, porque nacieron de la mala praxis de la empresa que construyó la ampliación de colectores cloacales, ya que utilizó para adecuar la calle previa al asfaltado, un rodillo compactador de grandes dimensiones, que fue el principio de la hecatombe contaminadora.
La falta de acción del Inspector de obra generó la rotura de los viejos caños cloacales, que implicaron altísimos costos para Aguas Mendocinas y que esperamos sean sufragados por la empresa contratista responsable.
En una sociedad democrática nos hubiéramos enterado ya de las multas aplicadas a la empresa mendocina de aguas por los organismos de control, así como también cuáles eran los planes de mitigación de la contaminación generada. Esta información es fundamental para los ciudadanos y los regantes.
Para los vecinos que sufrieron desde el 18 de enero hasta el 5 de marzo el río de cloaca sobre la calle Elpidio González hubiera sido muy bueno saber sobre los posibles problemas que se pueden generar por este derrame y qué acciones tomar, además de tener a disposición las recomendaciones de la OMS por la posible contaminación con huevos de helminto, por ejemplo. Quizás una carta del presidente de Aysam con las acciones a tomar por los damnificados ante tamaño desborde cloacal hubiese bastado. Hoy 25 de marzo después de unos días y sin aviso previo tenemos la cloaca en la calle nuevamente, sin aviso alguno.
No tenemos noticias y sería muy bueno saber que se tomaron medidas por la falta de controles en la obra, que le generó además a los vecinos más de 20 cortes de agua en 2021.
También se podría informar que hubo suspensiones del Inspector de obra y del gerente técnico de la empresa de aguas y que además la empresa constructora irresponsable no puede participar nunca más, ni ella ni su representante técnico, de obras en la provincia.
Quizá tanta democratización que se auto proclama el Gobierno provincial nos hace pensar que deberíamos ser un pueblo informado.
Ahora quieren rescatar la modificación de la Constitución. Imagino que será para fortalecer los organismos de control del Estado porque hemos visto lo poco que hacen ante casos tan importantes. Quizás, la nueva norma constitucional obligue a tener planes de contingencias para todas las posibles fuentes de contaminación e informar a los ciudadanos dónde recurrir ante situaciones como la descripta.
Debemos poner el ojo en el desarrollo del Perilago de Potrerillos aprobado por la ley 9294 para que no contaminen la única fuente de agua potable del Gran Mendoza. Ya que, a la vista y de acuerdo a lo mostrado en Guaymallén, ese desarrollo es de temer.
Creo que los que apoyaban la modificación de la ley 7722 se deberían haber pronunciado ante la falta de controles, sino los ciudadanos de a pie cómo vamos a creer después que ellos y su explotación serán efectivamente controlados. No vimos al CEM, la FEM, UCIM o los Consejos Profesionales reclamando por la falta de controles y por las multas que se deberían aplicar ante semejante desborde de cloacas y durante un tiempo tan prolongado.
Una lástima y una oportunidad perdida para dar el ejemplo de lo que es capaz el Estado y nuestra sociedad para un desarrollo sustentable.
José Luis Álvarez - Vecino de Dorrego y Ex-Titular de Irrigación
