HOSTIGABA A SU EX
Había sido condenado, incumplió las medidas impuestas y terminó detenido. Así fue el final de la fuga de Alfredo Daniel Bendini Alarcón, un abogado de 42 años que fue arrestado este jueves por personal de Investigaciones, tras un operativo desplegado en el barrio Tejas Rojas, en Maipú.
El procedimiento se concretó luego de que agentes realizaran vigilancia encubierta en la zona, especialmente en los alrededores del domicilio de la madre del acusado, donde finalmente fue localizado. La captura ocurrió luego de que se lo viera ingresar al inmueble: fue identificado y quedó a disposición de la Justicia.
La causa que lo involucra tiene un extenso y violento historial. Entre julio y septiembre de 2024, el abogado cometió una serie de episodios de agresión física y psicológica contra su ex pareja, incluyendo amenazas de muerte con un arma de fuego y golpes brutales propinados con los puños y un celular.
En el juicio abreviado, Bendini admitió los hechos y fue sentenciado a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso, con condiciones estrictas: tratamiento psicológico, prohibición de acercamiento y control judicial periódico.
Pero esas condiciones fueron quebrantadas. Una nueva denuncia alertó que el abogado volvió a hostigar a la víctima, lo que llevó al fiscal Martín Castro, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, a solicitar su detención inmediata por desobediencia judicial continuada. Aunque hubo un intento previo de captura en su domicilio, no pudo ser localizado entonces y quedó en calidad de prófugo.
La paradoja del caso está en el pasado reciente de Bendini: se mostraba en redes como un referente que denunciaba el accionar de fiscales y jueces en causas de género, a los que acusaba de “falta de pruebas” y de llevar adelante procesos “sin fundamentos”.
Sin embargo, fue el propio juez Fernando Martínez, del Juzgado Penal Colegiado N°1, quien avaló la condena en su contra, tras acreditar delitos como lesiones dolosas, coacciones, amenazas agravadas y desobediencia.
Ahora, con su recaptura, la suspensión de la pena podría ser revocada y el abogado enviado directamente a prisión, como lo advirtió el Ministerio Público Fiscal. La decisión final quedará en manos del poder judicial, pero la posibilidad de que cumpla la condena tras las rejas es concreta.
