Cinco mendocinos fueron detenidos en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Chile, luego de ser sorprendidos cuando intentaban ingresar fuegos artificiales sin declararlos ante el Servicio Nacional de Aduanas. El procedimiento se desarrolló durante un control de rutina a un micro de turismo que había partido desde la ciudad de Mendoza.
El episodio se registró alrededor de las 10.15, cuando el colectivo arribó a la avanzada fronteriza para completar los trámites migratorios antes de continuar su viaje hacia Valparaíso. Durante la fiscalización de equipajes y pasajeros, los funcionarios aduaneros detectaron en la chaqueta de uno de los viajeros un paquete con elementos pirotécnicos, lo que motivó la activación del protocolo de seguridad.
Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos, que realizó una inspección más exhaustiva del resto de los pasajeros. Como resultado, se constató que los otros cuatro ciudadanos argentinos también transportaban fuegos artificiales ocultos, los cuales no habían sido declarados al momento del ingreso al país.

En total, se incautaron potes de pirotecnia y bengalas, cuyo avalúo fue estimado en $77.401 pesos chilenos. Según se estableció a partir de las declaraciones de los involucrados, uno de ellos habría sido el encargado de organizar el ingreso de los fuegos artificiales y distribuirlos entre el resto del grupo.
Tras el procedimiento, los cinco turistas fueron detenidos por Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores y puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. En la audiencia de formalización, el fiscal Jorge Alfaro Figueroa imputó a uno de los acusados por el delito de contrabando, mientras que los cinco fueron formalizados por posesión o porte de fuegos artificiales.
El Ministerio Público del país trasandino solicitó como medidas cautelares la firma semanal ante el Departamento de Policía Internacional de la PDI Los Andes y la prohibición de salir de Chile, requerimientos que fueron acogidos por el juez Daniel Chaucón Ojeda, quien además fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
Finalmente, a pedido de la Fiscalía, se programó una nueva audiencia para fines de mes, en la que se evaluará la mantención de las medidas cautelares o la posibilidad de avanzar con un procedimiento abreviado.


