DELITOS
La investigación por presuntas estafas millonarias contra Carlos Mauro Llopiz avanza en Mendoza, mientras se acumulan denuncias de personas que aseguran haber sido engañadas mediante un sistema de inversión fraudulento. Según la acusación, el monto total defraudado ascendería a más de 500 mil dólares, aunque los expedientes judiciales confirman hasta el momento tres casos con un perjuicio estimado en 224 mil dólares.
El esquema habría funcionado dentro de un grupo de amigos, donde Llopiz se integró socialmente y generó confianza antes de ofrecer supuestas oportunidades de inversión a través de su empresa Bull Capital. Prometía rentabilidades de entre el 4% y el 5% mensual, lo que llevó a varios de los jóvenes a aportar sumas cada vez mayores.
Durante los primeros meses, los inversionistas recibieron pagos regulares, lo que fortaleció la credibilidad del sistema. Sin embargo, a mediados de 2024 los depósitos comenzaron a demorarse, lo que despertó sospechas entre los involucrados. Poco después, las devoluciones se detuvieron por completo.
La maniobra, según la fiscalía, presentaba características típicas de un esquema Ponzi, en el que las ganancias de los primeros inversores se pagan con el dinero aportado por los nuevos participantes, sin que exista una verdadera actividad económica detrás.
La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Juan Ticheli, imputó a Llopiz por estafa genérica reiterada agravada por abuso de confianza y con apariencia de empresa y negociación. Se le impusieron restricciones para salir de la provincia o del país, mientras continúa el proceso judicial.
El caso también provocó tensiones entre los amigos que participaron de las inversiones. Algunos habrían aceptado acuerdos informales con el acusado a cambio de recuperar parcialmente su dinero, mientras otros decidieron continuar con la denuncia penal.
Además del grupo inicial, surgieron nuevos testimonios de personas que aseguran haber invertido en el mismo sistema. En varios casos, los denunciantes mencionaron haber entregado sus ahorros personales con la expectativa de obtener una rentabilidad segura.
Llopiz permanece en libertad, pero con embargo judicial sobre tres propiedades ubicadas en la Quinta Sección y en Godoy Cruz, como medida precautoria. En los registros de la Administración Tributaria de Mendoza (ATM) figuran tres inmuebles a su nombre, aunque las víctimas sostienen que el acusado posee más bienes en distintas provincias del país.
La causa continúa bajo investigación, con peritajes sobre dispositivos electrónicos y documentación comercial que podrían revelar el alcance total de la operatoria y el número real de damnificados.
