A pocos días de que venza el plazo judicial, ninguno de los condenados en la causa Vialidad —incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— cumplió con la orden de devolver los 530 millones de dólares que, según la sentencia, deben restituir al Estado.
El 13 de agosto es la fecha límite para depositar los fondos en la cuenta especial del Banco Nación. Hasta ahora, ni Cristina Kirchner, ni el empresario Lázaro Báez, ni el exsecretario de Obras Públicas José López efectuaron pago alguno.

Si no se transfiere el dinero, la Justicia pasará a la siguiente etapa: la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una acordada reciente de la Corte Suprema abrió otra posibilidad: que algunos de esos inmuebles sean destinados a uso institucional del propio tribunal o del Consejo de la Magistratura.
En el caso de la expresidenta, condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron propiedades en el complejo Madero Center y otras 24 en el sur del país como posibles activos para rematar. Varias están cedidas a sus hijos y embargadas en otra causa, pero los fiscales sostienen que Vialidad tiene prioridad de ejecución.
La Corte también contempla ceder temporalmente bienes a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para programas de educación, salud, asistencia a víctimas o contención social.


