NO DECLARADOS
El Gobierno presentó oficialmente un proyecto de ley destinado a proteger y fomentar el uso de dólares no declarados, dando un giro en la política fiscal para los ahorristas argentinos. La conferencia estuvo encabezada por Juan Pazo, presidente de ARCA, y el diputado José Luis Espert. También estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque no tomó la palabra.
Este nuevo planteo, que anteriormente se denominaba "Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos", se presenta ahora como el “Proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal”. La propuesta busca modificar la Ley Penal Tributaria y el Código de Procedimiento Fiscal para establecer un marco legal más favorable a quienes quieran formalizar sus ahorros.
Espert señaló que durante décadas la combinación de un sistema tributario excesivamente restrictivo, controles cambiarios estrictos e inflación alta empujaron a millones a la informalidad. “Llegamos a una situación ridícula donde el empleo formal no creció en 14 años, y el 50% de la economía quedó en negro. Alguien que compraba 200 dólares era tratado como un delincuente. Se armó un circo político donde todos los argentinos eran sospechosos y forzados a violar la ley para salir adelante”, explicó.
El diputado agregó que “el Estado fue quien armó esa situación y quien aplicó la presión. Eso termina con este Gobierno, que propone un cambio profundo: no son los ciudadanos quienes están en falta, sino el Estado”.
El proyecto propone cambiar el régimen fiscal para pasar de un sistema persecutorio a uno basado en el “principio de inocencia fiscal”, donde se considere inocente a todo contribuyente hasta que se demuestre lo contrario. “Queremos proteger al ciudadano de bien que ahorró y cuidó su patrimonio frente al desorden político de años, permitiéndole formalizar su dinero sin miedo a represalias fiscales”, afirmó Espert.
Juan Pazo detalló que el proyecto contempla dos grandes ejes: uno, la reforma del régimen general para aumentar los umbrales por los que un contribuyente puede ser investigado por evasión. Actualmente, se pueden abrir causas por diferencias fiscales muy bajas (un millón y medio de pesos), algo que el proyecto busca modificar aumentando esos límites significativamente.
Con esta medida, de las aproximadamente 7.000 causas abiertas en el fuero penal tributario, solo quedarían unas 200 relacionadas con evasiones relevantes. Además, se propone reducir el plazo de prescripción para las determinaciones tributarias de cinco a tres años, siempre que las declaraciones juradas se hayan presentado en tiempo y forma.
Pazo agregó que el proyecto garantiza a los contribuyentes la posibilidad de regularizar su situación pagando lo adeudado, evitando procesos penales. “Queremos ofrecer todas las instancias para normalizar la situación fiscal sin generar problemas legales”, concluyó.
El segundo eje del proyecto apunta a blindar el régimen simplificado de impuesto a las ganancias ya anunciado. Esto implica que quienes adhieran a este régimen quedarán protegidos para siempre de persecuciones fiscales sobre su patrimonio pasado. “Ningún gobierno futuro podrá usar este régimen para perseguir a los argentinos que formalizaron sus ahorros. Esta es una garantía única que permitirá a muchos usar su dinero libremente y sin explicaciones”, explicó Pazo.
El proyecto busca romper con un modelo impositivo que durante años reprimió el ahorro y la formalidad, proponiendo una reforma que proteja a los ciudadanos y fomente la confianza en el sistema fiscal.
