MEDIDAS
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) evalúa adelantar el paro nacional previsto en su plenario del 27 de noviembre, luego de que comenzara a circular la posibilidad de un recorte del 10% en la administración pública. Según estimaciones del sindicato, esa reducción equivaldría a cerca de 28.000 despidos en organismos nacionales.
De acuerdo con fuentes gremiales, los ceses se concentrarían en áreas descentralizadas como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom. Frente a esta situación, ATE convocará a sus instancias internas para definir si la protesta se adelanta respecto de lo resuelto en San Luis.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, volvió a cuestionar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al considerar que el ajuste proyectado apunta directamente a los trabajadores estatales. También reiteró que el gremio no aceptará despidos y reclamó la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre.
Desde ATE rechazan los argumentos oficiales que justifican el recorte por cuestiones fiscales. Según el gremio, el Gobierno utiliza una justificación política e ideológica, ya que —indican— los contratos temporarios representan una porción mínima del gasto público, mientras que la mayor presión sobre las cuentas proviene de otros compromisos, como la deuda externa.
Para la conducción sindical, el plan oficial no apunta a reducir el Estado sino a reconfigurarlo en favor de sectores económicos concentrados. En esa línea, señalan que las decisiones estratégicas en materia laboral están influenciadas por intereses empresariales de peso.
La definición sobre si el paro nacional se adelanta se resolverá en los próximos días, mientras crece la tensión entre el Gobierno y el sector público ante la posible ola de recortes.
