La empresa AySA avanzó un escalón más en su proceso de privatización al concretar su primera colocación en el mercado de capitales en varios años. A través de un fideicomiso financiero, captó $30.000 millones, con una demanda que superó ampliamente ese monto. La operación se realizó sin garantías del Estado, en una señal de prueba para medir la respuesta del mercado antes de la venta de la compañía.
Según informó la firma, los fondos obtenidos se destinarán al fortalecimiento del capital de trabajo, permitiendo anticipar ingresos futuros para sostener la operación y la calidad del servicio que presta a más de 15 millones de usuarios. El fideicomiso se estructuró sobre la cesión de derechos de cobro de pagos realizados con tarjetas de crédito y débito, a través de canales electrónicos y telefónicos.

Desde la conducción de AySA destacaron que la colocación tuvo una tasa considerada competitiva y remarcaron que el objetivo fue operar como lo haría una empresa privada. En ese marco, no descartan nuevas emisiones de deuda, incluso una obligación negociable, aunque reconocen que podrían concretarse cuando la compañía ya esté en manos privadas.
La privatización de AySA fue habilitada en la Ley Bases, impulsada por el presidente , y prevé la venta del 90% de las acciones, mientras que el 10% quedará en manos de los trabajadores. El proceso formal se activó mediante un decreto que fijó el marco regulatorio y, aunque el llamado a licitación estaba previsto para este año, el Gobierno apunta ahora a lanzarlo durante el primer trimestre de 2026, en paralelo a un plan de inversiones transitorias para mantener la red hasta el cambio de control.



