EN EL CONGRESO
El oficialismo puso en marcha su estrategia legislativa para avanzar con la reforma laboral, uno de los proyectos clave del año. Al frente del operativo quedaron Patricia Bullrich, desde el Senado, y Martín Menem, en Diputados, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.
Además de la modernización laboral, el Gobierno incluyó en su agenda los cambios a la Ley de Glaciares y una actualización del Código Penal, aunque este último proyecto todavía no fue enviado al Congreso. En ese marco, la vicepresidenta Victoria Villarruel reclamó endurecer las penas de prisión para quienes provoquen incendios.
En el plano laboral, Bullrich intensificó los contactos con senadores oficialistas y defendió públicamente la iniciativa ante empresarios y pymes. Aseguró que el Gobierno está dispuesto a negociar modificaciones, pero advirtió que no aceptará cambios que desvirtúen el espíritu de la ley. También dejó abierta la posibilidad de dialogar con la CGT, si hay propuestas concretas.
En paralelo, Santilli comenzó una ronda de reuniones con gobernadores para sumar votos y garantizar el quórum necesario en el Senado. El objetivo es alcanzar los 37 legisladores para habilitar el debate, mientras se discuten reclamos provinciales, especialmente por el impacto fiscal del proyecto.
Uno de los puntos más sensibles es el artículo 191, que modifica alícuotas del Impuesto a las Ganancias desde 2026. Según estimaciones técnicas, la medida implicaría una fuerte pérdida de recursos coparticipables para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Desde este viernes comenzarán las reuniones técnicas en la Comisión de Trabajo, donde participarán equipos del oficialismo, empresarios y representantes sindicales. Entre los reclamos ya planteados figura la eliminación de costos laborales indirectos, como aportes obligatorios que hoy no están contemplados en el proyecto.
