GIRO INESPERADO
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reconfiguró por completo el esquema de medidas cautelares en el caso $LIBRA, al dejar sin efecto los congelamientos y las inhibiciones que regían sobre los fondos y activos de los imputados. La decisión responde a una orden previa de la Cámara Federal, que había marcado como camino adecuado el reemplazo de esas restricciones por embargos delimitados, proporcionales y con un plazo concreto.
En su nueva resolución, Martínez De Giorgi dispuso levantar las prohibiciones de innovar —medida que implicaba el congelamiento de activos— y fijó embargos por $36.875.000 para Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Mark Davis, Sergio Daniel Morales, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. Todos quedan alcanzados por el mismo monto y un plazo de 90 días, apuntado a asegurar eventuales multas, reparaciones y costos procesales previstos por ley.
El cambio se produjo luego de que la Cámara Federal dejara firme la orden de revisar las cautelares patrimoniales aplicadas en el expediente y estableciera que las medidas debían ser “proporcionales, delimitadas y temporales”. Ese fallo dejó en claro que un embargo era más adecuado para garantizar un futuro decomiso o reparación, en lugar de inmovilizar la totalidad del patrimonio de los imputados.
El Ministerio Público Fiscal acompañó este criterio y consideró que la prohibición de innovar dictada sobre los bienes de Hayden Davis —entre ellos, sus wallets de criptomonedas— no era la herramienta más eficaz. Además, recordó el análisis técnico realizado sobre los movimientos de USDT y ETH en diversas direcciones de la red Ethereum, identificadas como CPE1, CPE24, CPE26 y CPE9, que habrían sido operadas por los imputados mediante transferencias, swaps y derivaciones hacia nuevas billeteras e incluso pools de staking.
A pesar de esos antecedentes, la Cámara sostuvo que el congelamiento debía ser sustituido por un embargo tradicional, ajustado a los parámetros del artículo 518 del CPPN, que incluye posibles multas, reparación civil, honorarios y gastos del proceso.
En paralelo, los damnificados reiteraron que los perjuicios denunciados superan ampliamente los montos citados por las defensas. Una de las querellas reclamó una cifra cercana a u$s5 millones, y estiman que la reparación integral será sensiblemente mayor, debido a pérdidas individuales que van desde 81 USDT hasta más de u$s8.000, con caídas que en algunos casos rozan el 97%. Estos datos fueron considerados para fijar el monto total de los embargos.
En lo inmediato, el juez ordenó intimar a todos los involucrados para que, en un plazo de 72 horas, informen qué bienes o dinero poseen para responder a la medida. Además, ratificó lo resuelto en el expediente paralelo en el que ya se había fijado el mismo embargo para Novelli y Terrones Godoy.
Con esta decisión, el juzgado unifica el criterio: ya no habrá prohibiciones generales de innovar ni congelamientos amplios de wallets o patrimonios, sino embargos puntuales y temporales, ajustados a la línea trazada por la Cámara Federal y al perjuicio económico acreditado hasta el momento.
La causa —caratulada “Milei Javier Gerardo y otros s/ cohecho y otros”— continúa su trámite y busca determinar si existió una maniobra fraudulenta vinculada al token $LIBRA y un eventual perjuicio económico para los compradores.
