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El Gobierno de Mendoza, bajo la gestión de Alfredo Cornejo, lanzó un conjunto de medidas para controlar el gasto público durante 2026, estableciendo límites que generan cuestionamientos sobre su impacto en el funcionamiento del Estado y en la eficiencia de los servicios.
El Decreto 2974, publicado en el Boletín Oficial, fija topes trimestrales para la ejecución presupuestaria y restringe nuevas contrataciones, ampliaciones de contratos y la asignación de celulares oficiales. Estas decisiones buscan, según la administración, mantener el equilibrio fiscal, pero críticos advierten que podrían generar burocracia excesiva y entorpecer la gestión cotidiana de las áreas estatales.
Los límites para la ejecución del gasto en la administración central y organismos descentralizados se distribuyen de manera acumulativa a lo largo del año, mientras que poderes como el Legislativo y Judicial también enfrentan restricciones similares. Aun así, el decreto exceptúa partidas salariales y gastos de deuda, pero mantiene controles rígidos sobre compras de bienes de capital y contrataciones de servicios, que requieren autorizaciones múltiples.
Entre las medidas más polémicas figura la restricción de celulares oficiales: solo podrán utilizarlos funcionarios de alto rango, mientras que el resto del personal deberá devolver los equipos en un plazo determinado, bajo la amenaza de imputar los gastos a quienes los retengan sin autorización.
En materia de personal y contrataciones, el decreto exige aprobaciones del Gobernador y del Ministerio de Hacienda para nuevos contratos o ampliaciones, así como para compras de bienes de capital que superen ciertos montos. Los organismos descentralizados deben presentar planes detallados de inversión y cronogramas de desembolso antes de cualquier contratación significativa.
Críticos advierten que estas medidas podrían frenar la capacidad de respuesta del Estado, ralentizar proyectos clave y generar trabas administrativas innecesarias, mientras que el Ejecutivo asegura que buscan garantizar un manejo responsable de los recursos públicos. Sin embargo, el tono restrictivo y centralizador del decreto ha generado preocupación entre sectores que consideran que el control presupuestario no debería limitar la operatividad ni la autonomía de los distintos organismos.
En resumen, las decisiones de Cornejo reflejan un énfasis en la austeridad y el control fiscal, pero también abren un debate sobre los costos políticos y operativos de una política que prioriza la contención del gasto por sobre la flexibilidad y eficiencia administrativa.
