El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, inició la semana en la Ciudad de Buenos Aires con una agenda cargada. Este lunes mantuvo dos reuniones políticas clave: primero, con su par de Chubut, Ignacio Torres, y luego participó en el Consejo de Mayo, encuentro impulsado por la Casa Rosada.
El cónclave con Torres tiene como trasfondo la posibilidad de avanzar en una demanda penal internacional contra el Grupo Petersen, accionista de YPF. La estrategia, que también contempla al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, apunta a que la Justicia de Estados Unidos investigue las condiciones en las que la familia Eskenazi adquirió acciones de la petrolera.

La sospecha es que en esa operación, realizada antes de la expropiación de YPF en 2012, podrían haberse encubierto maniobras fraudulentas. Mendoza, Chubut y Santa Cruz poseen acciones clase B de la compañía, lo que les otorga una participación minoritaria, pero con intereses directos en la protección de sus recursos hidrocarburíferos.
El paso decisivo sería presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en paralelo al litigio que lleva adelante el fondo Buford en los tribunales de Nueva York, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.
La reunión entre Cornejo y Torres estaba prevista para las 9 de la mañana y se espera que de allí surjan definiciones políticas que podrían marcar la semana.
No obstante, la iniciativa no cuenta con el respaldo unánime de todos los mandatarios de provincias petroleras. Gobernadores como Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) aún no se han pronunciado públicamente sobre el tema.
