Justicia
Uno de los temas fue el supuesto incumplimiento de la AFIP en verificar “las condiciones económico-financieras de crisis” de Oil para solicitar acogerse a los planes particulares de pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, eje del juicio. “¿De dónde surge la palabra crisis?”, le preguntaron al testigo al referenciarle que no había normativa alguna de la AFIP que incluyera la demostración de una “crisis” como requisito para otorgar un plan. “Se debe haber utilizado crisis como sinónimo de desequilibrio”, ensayó una justificación sobre una de las observaciones que se copiaron al pie de la letra en la acusación penal. A renglón seguido, admitió: “Fue infeliz la utilización de la palabra crisis. No fue apropiado”.
Algo similar ocurrió cuando se le preguntó si el plan de pagos había sido un “beneficio impositivo”, algo inscripto en la auditoría como un “efecto” de lo que había logrado la petrolera refinanciando su deuda. Cuando una de las defensas se lo preguntó directamente respondió que un plan de pagos no era un beneficio impositivo. “¿Y por qué lo pusieron así, entonces?”, preguntó. “No sé. Participé de la redacción, pero no lo sé”, fue la respuesta.
Sobre el apuro que registró la auditoría indicó que fue en “un tiempo más acotado que los casos normales. Había un mayor grado de requerimiento de que en la tarea se brindarán informaciones parciales en el medio”, aseguró con el fin de subsanar que la justicia haya actuado a partir de un “borrador”, como lo definió la última audiencia.
Preguntado por la inclusión de cuadros con 150 “desconfirmaciones” de boletas de deuda (algo que también la acusación subrayó como una irregularidad de la causa), Ocamica reconoció que posteriormente hallaron que en realidad eran 73 las que no estaban justificadas. Pero en el documento, incluyeron un cuadro con el total, sin discriminar cuáles estaban bien. “Era para contextualizar”, dijo sin satisfacer a los abogados. “No lo sé. Fue una decisión del auditor interno, (Néstor) Sosa”, admitió, luego.
Lo mismo ocurrió cuando lo inquirieron por la ausencia, en sus conclusiones, del primer plan de pagos que tenía 25 cuotas pagas de 30 y se argumentó que existía un “riesgo” de no cobrar para la AFIP. “No lo tengo presente. No evaluamos el plan”, dijo. Ocamica explicó que su experiencia en el fisco provenía de Aduanas. No mencionó que en el área de “inteligencia” fiscal y que había trabajado cerca de Javier Concepción, que tuvo actuación en el MPF de CABA.
También quedó bastante desvirtuada su afirmación previa acerca de que en Grandes Contribuyentes hubiera habido más controles que impidieran morosidad si allí hubiera estado empadronada la petrolera. A Ocamica lo confrontaron con su propia muestra de auditoría acerca de quienes obtuvieron planes de financiación (grandes empresas), con los adherentes al blanqueo (fruto de posible evasión fiscal) y con quienes se habían acogido a moratorias. Todos eran, por lo general, contribuyentes de Grandes Nacionales.
Ocamica iluminó también uno de los aspectos sobre los que empezó a girar el juicio: qué hizo la AFIP en pos de acorralar a Oil durante la gestión de Alberto Abad. En audiencias anteriores lo había situado al extitular de AFIP como el impulsor de la auditoría específica sobre Oil y que además había intervenido en la selección de contribuyentes para un muestreo posterior. Ayer, abundó respecto a la creación, en 2016, de un sistema informático para fiscalizar a “ciertos contribuyentes” en tiempo real.
“Dentro estaban dos grupos: Indalo y (el de Lázaro) Báez”, dijo. Pero dejó una duda flotando en el aire sobre la que nadie profundizó. Aseguró que ese desarrollo informático -supuestamente formal- fue descubierto en otra auditoría que no tenía nada que ver con el caso y que detectó que se dejó de usar en 2018. ¿Cómo fue que un desarrollo realizado por la AFIP permaneció invisible hasta para la propia organización hasta que “apareció” dentro de un informe reciente de auditoría?
