El hermetismo oficial alrededor del pacto comercial con Estados Unidos encendió alarmas entre referentes legislativos y provinciales. En la Casa Rosada solo un círculo mínimo conoce los detalles del acuerdo y no está claro si alguno de los puntos exigirá aval parlamentario, justo cuando el Ejecutivo intenta ordenar el tratamiento del Presupuesto 2026 y otras reformas clave.
La falta de definiciones generó malestar entre gobernadores de distintos espacios, que piden acceder al contenido antes de fijar posición. Incluso provincias habitualmente alineadas al Gobierno admiten que “es difícil evaluar algo sin información”. En paralelo, la administración Milei intensificó contactos políticos con mandatarios considerados “aliados legislativos” para blindar las próximas votaciones.

Según los primeros trascendidos, el entendimiento incluye rebajas arancelarias, ajustes regulatorios y compromisos en propiedad intelectual, un punto que para especialistas solo podría implementarse con cambios legales aprobados por el Congreso. La duda es si el Ejecutivo buscará avanzar por vía parlamentaria o intentará operarlo mediante decretos, algo que distintos bloques ya anticipan que observarán con cautela.
El acuerdo promete beneficios para sectores como el cárnico, los recursos naturales y la industria farmacéutica, pero podría complicar a automotrices y pymes, con impacto directo en polos urbanos. Para amortiguar ese efecto, el Gobierno acelera la reforma laboral, que debutará en el Senado tras la renovación legislativa. Mientras tanto, la “letra chica” continúa guardada bajo siete llaves.



