El denominado “plan motosierra” del presidente Javier Milei profundizó el achicamiento del sector público y ya dejó un saldo de 62.768 puestos menos en la órbita nacional. De acuerdo con los últimos datos oficiales sobre dotación de personal, el Estado pasó de 341.473 trabajadores en diciembre de 2023 a 278.705 en enero de 2026, lo que implica una reducción cercana al 18% en poco más de dos años.
La contracción fue sostenida: se acumulan 26 meses consecutivos de caída en la planta estatal. Solo en enero se registraron 1.415 desvinculaciones, equivalentes a una baja del 0,5% respecto del mes anterior. El ajuste impactó tanto en la Administración Pública Nacional (APN) como en las empresas y sociedades del Estado, aunque el mayor volumen de recortes se concentró en la estructura administrativa central.

Dentro de la APN, el segmento más afectado fue la administración descentralizada, que perdió más de 21.800 empleados desde el inicio de la gestión. También se registraron fuertes bajas en la administración centralizada, además de recortes en áreas desconcentradas y otros entes. En paralelo, las empresas estatales redujeron su dotación en más de 21.000 trabajadores, una caída superior al 19%.
Sin embargo, enero mostró una excepción: la administración centralizada incorporó 746 empleados, con altas en ministerios como Interior, Seguridad, Salud, Relaciones Exteriores y Desregulación. Aun así, el balance general mantiene la tendencia de ajuste que el Gobierno considera clave para reducir el gasto público y alcanzar el equilibrio fiscal.
El recorte del empleo estatal se consolidó así como uno de los ejes centrales de la actual gestión, en línea con la promesa de campaña de reducir el tamaño del Estado. Mientras el oficialismo defiende la estrategia como parte del ordenamiento de las cuentas públicas, el impacto social y laboral del ajuste continúa en el centro del debate.



