POLÉMICA
El Ejecutivo nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto que da inicio a la venta de acciones estatales en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y establece un nuevo marco regulatorio para el servicio. La norma también autoriza a la empresa a realizar cortes en el suministro en caso de morosidad, una medida que afecta a usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025 modifica el artículo 2° del decreto 304/2006, que establecía que el Estado poseía el 90% de las acciones de AySA. Ahora, el Gobierno podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria, permitiendo la entrada de capital privado en la empresa, en línea con la Ley 27.742 que declaró a AySA “sujeta a privatización”.
El decreto fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez en un plazo de diez días hábiles, según la Ley 26.122.
Entre las principales novedades del nuevo marco regulatorio, que reemplaza más de 100 artículos del régimen anterior, se destaca que la concesionaria podrá cobrar tarifas bajo modalidades establecidas por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y el contrato de concesión vigente. Además, se faculta a la empresa a cortar el servicio por falta de pago y a utilizar los fondos provenientes de la explotación del contrato como garantía para el repago de financiamientos.
El decreto establece también un régimen de transición de hasta cinco años para una implementación ordenada y progresiva de las nuevas disposiciones una vez formalizada la privatización, garantizando el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión.
La normativa redefine las relaciones entre la concesionaria, el ERAS y la Agencia de Planificación (APLA), y designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Los representantes estatales en el directorio de AySA deberán adaptar el estatuto social a las nuevas reglas.
Asimismo, la empresa queda obligada a prestar el servicio público conforme a lo estipulado en el marco regulatorio, el contrato de concesión y el plan de acción que debe elaborar y publicar. Se exigirá transparencia con la difusión de información relevante para los usuarios y la atención continua de reclamos.
