MOTOSIERRA
El Gobierno de Javier Milei implementó cambios significativos en la Ley Nacional de Turismo, buscando fomentar nuevas inversiones en el sector. A través del Decreto 216, el Ejecutivo eliminó varios programas y modificó las facultades y responsabilidades de la Secretaría de Turismo, encabezada por Daniel Scioli.
Entre los programas disueltos, se destaca el Comité Interministerial de Facilitación Turística, encargado de coordinar las acciones administrativas entre diferentes entidades públicas relacionadas con el turismo. Además, se suprimieron las responsabilidades vinculadas al diseño de recursos para incentivar el turismo y al Plan de Turismo Social, lo que incluye la disolución del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, destinada a financiar proyectos de interés turístico en todo el país.
En su justificación, la Casa Rosada sostuvo que, dada la dinámica del mercado turístico, es necesario que el Estado organice los recursos vinculados a su desarrollo de manera ágil, capaz de adaptarse rápidamente a los cambios y los nuevos contextos. Según el Gobierno, las condiciones para el desarrollo de iniciativas e inversiones deben ser generadas por el mercado, sin interferencias que alteran las reglas de juego de los actores del sector turístico.
El decreto también subraya la necesidad de considerar criterios federales para las incumbencias locales y regionales en turismo, eliminando cualquier normativa que asigne responsabilidades exclusivamente a la autoridad nacional.
A partir de ahora, la Secretaría de Turismo asumirá nuevas responsabilidades, como la gestión de acuerdos con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la promoción de incentivos para la inversión en turismo, y la celebración de convenios con instituciones públicas y privadas. Asimismo, el decreto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de fomento, desarrollo, promoción y control de la actividad turística en sus respectivos territorios, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial.
Con estas medidas, el Gobierno pretende reorientar la política turística del país y poner el foco en la dinámica del sector privado, buscando un mayor impulso a las inversiones sin las intervenciones.
