MEDIDAS
Tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno, la Casa Rosada considera que el escenario político volvió a estabilizarse y comenzó a definir cuáles serán los próximos proyectos que buscará impulsar en el Congreso.
Entre las prioridades figura la sanción de la ley de Súper RIGI, aunque el Ministerio de Economía también trabaja para reactivar el tratamiento de la denominada ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que había quedado relegada en las últimas semanas por la crisis política que atravesó el oficialismo.
El proyecto es una de las principales apuestas del ministro Luis Caputo, quien mantiene conversaciones con legisladores y referentes del sector tributario para introducir modificaciones que faciliten su aprobación en el Congreso.
Los cambios que analiza el Gobierno
La reforma busca ampliar las garantías para los contribuyentes que regularicen voluntariamente su situación fiscal.
Entre las modificaciones que se estudian figura la posibilidad de ofrecer una mayor protección frente a futuras investigaciones por diferencias patrimoniales correspondientes a períodos anteriores, siempre que quienes adhieran al régimen cumplan con las nuevas obligaciones tributarias y de información.
El objetivo oficial es consolidar el principio de "inocencia fiscal", basado en la presunción de buena fe del contribuyente mientras respete las condiciones establecidas por la normativa.
Más límites para las fiscalizaciones
Otro de los ejes del proyecto apunta a elevar los montos a partir de los cuales pueden iniciarse investigaciones patrimoniales.
Con esta modificación, el Gobierno pretende que los organismos de control concentren sus recursos en maniobras de evasión de mayor magnitud, dejando fuera de las fiscalizaciones diferencias patrimoniales consideradas menores.
Cambios en el uso de la información de ARCA
El Ministerio de Economía también analiza incorporar mayores garantías respecto del uso de la información que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Entre las alternativas figura limitar la utilización retroactiva de los datos obtenidos mediante nuevos regímenes de información o procesos de regularización voluntaria, con el objetivo de evitar que esos antecedentes sean utilizados posteriormente para abrir investigaciones sobre períodos alcanzados por los beneficios del régimen.
Beneficios penales y menos trámites
La propuesta también busca precisar el alcance de la liberación de responsabilidades tributarias y, en determinados casos, de las consecuencias penales vinculadas con delitos fiscales para quienes regularicen su situación dentro de los términos previstos por la ley.
En paralelo, Economía evalúa simplificar los requisitos administrativos para adherir al régimen, reduciendo la carga burocrática y los costos de cumplimiento, especialmente para pequeños contribuyentes y personas físicas.
Un proyecto que incorpora cambios pedidos por especialistas
Las modificaciones comenzaron a analizarse luego de reuniones que mantuvo el equipo económico con tributaristas, contadores y representantes de entidades empresarias, quienes plantearon la necesidad de brindar mayores precisiones sobre el alcance de las inmunidades fiscales y las futuras facultades de fiscalización de ARCA.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes, priorizando controles basados en inteligencia fiscal y análisis de riesgo por encima de los esquemas de fiscalización masiva.
Además, consideran que un marco de mayor seguridad jurídica podría incentivar la formalización de capitales, favorecer la inversión y ampliar el uso de recursos que hoy permanecen fuera del sistema financiero.
Por el momento, el texto definitivo continúa en revisión y su avance dependerá de las negociaciones políticas que el Gobierno logre encaminar en el Congreso durante las próximas semanas.
