AL CONGRESO
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad vuelve a estar en agenda mientras el Congreso se prepara para las sesiones extraordinarias que comienzan el 2 de febrero. Sin embargo, más allá de los anuncios, no hay certezas sobre el proyecto, la Cámara de inicio ni un consenso garantizado.
El decreto 53/26, que amplía el temario de extraordinarias, menciona de manera genérica “los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”, sin precisar un texto concreto. Esta redacción permite al oficialismo tomar iniciativas ya presentadas o presentar un nuevo proyecto, pero deja en el aire preguntas clave: ¿por dónde comenzará la discusión y qué propuesta se tomará como base?
En el oficialismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se consolidó como la principal impulsora del tema, proponiendo reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Sin embargo, el antecedente más reciente en Diputados dejó un límite político: en 2025 se dictaminó un proyecto que fijaba la edad en 14 años, tras ceder desde los 13 para lograr consensos con bloques intermedios. Ese dictamen nunca llegó al recinto, pero marca un techo de acuerdo que ahora podría tensionarse.
El Senado también presenta un desafío: el oficialismo prioriza la reforma laboral, un debate complejo que compite por tiempo y agenda. Iniciar en esa Cámara el régimen penal juvenil podría sobrecargar el calendario y generar fricciones adicionales.
Fuera del oficialismo, la oposición mantiene posturas diversas. El Frente Renovador se muestra cauteloso y advierte sobre la falta de un proyecto integral, que contemple cómo funcionaría un sistema penal juvenil eficaz, con herramientas para jueces, policías y demás organismos. El diputado Ramiro Gutiérrez afirmó que el Gobierno impulsa “un debate vacío” sin definir recursos ni mecanismos operativos.
El aspecto presupuestario también genera dudas. Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro reclamó información sobre el costo y los recursos que destinará el Estado, advirtiendo que el sistema penitenciario actual no podría absorber un nuevo universo de jóvenes sin inversión adicional.
Con las sesiones extraordinarias próximas, la agenda del Congreso incluye otros temas prioritarios, como la ley de glaciares y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, mientras que la emergencia por incendios en la Patagonia quedó fuera del temario. En este contexto, el régimen penal juvenil se mantiene instalado en el discurso, pero con muchas decisiones pendientes: la Cámara de inicio, el proyecto a tomar como base y la posibilidad de respetar los consensos de 2025 o avanzar hacia los 13 años como propone Bullrich.
Por ahora, todas las preguntas siguen abiertas, dejando la impresión de un debate anunciado, pero aún desordenado.
