LEGISLACIÓN
La estrategia de regularización patrimonial y captación de divisas de la administración nacional sumará un andamiaje legislativo crucial en los próximos días. El Poder Ejecutivo nacional enviará a la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de reforma a la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada de forma directa por el presidente Javier Milei con el propósito de masificar la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). En paralelo, y tras una mesa de trabajo técnica entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y las principales entidades de profesionales contables, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso un desdoblamiento estratégico de los vencimientos del período fiscal 2025: prorrogó la presentación formal de las declaraciones juradas hasta el 27 de agosto, pero mantuvo inflexible el pago del saldo para el 27 de julio, resguardando la caja fiscal para evitar los desequilibrios financieros registrados el mes pasado.
El proyecto de ley introduce cambios de fondo diseñados para remover trabas burocráticas y ampliar el universo de contribuyentes con capacidad de exteriorizar fondos informales o "dólares del colchón" sin el riesgo de afrontar fiscalizaciones retroactivas generalizadas. La reforma busca afianzar la seguridad jurídica del sistema mediante la flexibilización de los topes de facturación y la reconfiguración de las penalidades, asumiendo postulados de la desregulación económica como un vector para dinamizar el circuito formal antes del próximo turno de las elecciones legislativas.
El borrador que ingresará al Parlamento se estructura sobre ejes operativos sumamente específicos:
Eliminación de topes de ingreso: Para la adhesión al período fiscal 2025, se suprimen de forma definitiva los parámetros limitantes de ingresos anuales ($1.000 millones) y de patrimonio total ($10.000 millones), permitiendo la incorporación de patrimonios mayores bajo la condición estricta de revestir la condición de residentes fiscales de la República.
Nueva ventana temporal: El plazo formal para la exteriorización e incorporación de tenencias al circuito bancario regulado por el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) se extenderá formalmente hasta el 31 de diciembre de 2027.
Alivio en discrepancias significativas: Se flexibiliza el margen de error que activa las fiscalizaciones de ARCA. No se considerará una falta relevante si la diferencia detectada por el fisco es inferior a los $5 millones, aun cuando el desvío supere el 15% del impuesto omitido, fijando un piso de tolerancia favorable al contribuyente.
Garantías y devolución de saldos: En caso de que un ajuste de ARCA sea revocado por vía judicial, se restituirá de inmediato el beneficio del "tapón fiscal" y el Estado tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles para reintegrar los fondos abonados por el ciudadano, indexados con la tasa correspondiente a la repetición de tributos.
Esquema de sanciones: Si bien se mantiene el debate parlamentario por el elevado costo de las multas automáticas por falta de presentación —que se ubican en $220.000 para personas humanas y $440.000 para sociedades—, la nueva norma exime de penalidades a los ajustes de Ganancias e IVA que ya hayan sido cancelados o regularizados por los canales institucionales.
La discusión de este marco normativo se inserta de lleno en la agenda de la reforma política económica del oficialismo, orientada a dotar de previsibilidad al mercado cambiario y consolidar herramientas que permitan formalizar los activos privados de la población. Con la presentación de estos incentivos técnicos, el Palacio de Hacienda apuesta a normalizar la relación entre los contribuyentes y el fisco, promoviendo un blanqueo de hecho que amplíe la base imponible nacional y otorgue sustentabilidad de largo plazo al programa de consolidación fiscal del Estado.
