CONFLICTO JUDICIAL
El Gobierno nacional avanzó en la disputa por la reforma laboral al presentar un recurso de per saltum ante la Corte Suprema, con la intención de acelerar la definición judicial y revertir la suspensión que pesa sobre parte de la norma.
La iniciativa fue impulsada por la Procuración del Tesoro, que pidió la intervención directa del máximo tribunal sin pasar por instancias intermedias. El objetivo es dejar sin efecto la medida cautelar que frenó la aplicación de varios artículos.
El reclamo se dirige contra la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que suspendió 83 puntos de la ley tras una presentación de la CGT, que cuestionó su constitucionalidad.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que no existe un perjuicio concreto que justifique la medida y que la central sindical no tiene representación suficiente para accionar en nombre de todos los trabajadores. También pusieron en duda la competencia del juez que dictó el fallo.
En ese marco, el Gobierno advirtió sobre una posible "gravedad institucional", al considerar que una decisión de ese tipo puede afectar el equilibrio entre poderes y generar incertidumbre jurídica.
El caso continúa en debate dentro del ámbito judicial y suma tensión política. Ahora, la definición quedará en manos de la Corte, que deberá decidir si acepta intervenir de forma directa en un conflicto clave para la agenda laboral.
