REFORMA
El presidente Javier Milei firmó este lunes el Decreto 176/2025, que introduce modificaciones en la valuación y venta de inmuebles fiscales. La norma, publicada en el Boletín Oficial, permite que bancos estatales y agentes financieros del Estado participen en las tasaciones y subastas de bienes públicos, agilizando los procesos de comercialización.
Hasta ahora, el Tribunal de Tasaciones de la Nación era el único organismo encargado de establecer los valores base de los inmuebles estatales. Con esta reforma, el Gobierno busca acelerar la venta de propiedades públicas y optimizar su administración.
El decreto, que lleva las firmas del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, también amplía los casos en los que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) puede realizar ventas directas.
Venta directa de inmuebles ocupados
La nueva normativa permite la venta directa de propiedades estatales en determinadas situaciones:
- Inmuebles ocupados por más de cinco años con fines de vivienda, comercio o industria.
- Propiedades utilizadas por cooperativas de vivienda o asociaciones sin fines de lucro que hayan realizado mejoras en ellas.
Además, el decreto establece que la AABE podrá prescindir de fijar un valor base previo, aunque deberá contar con una tasación oficial al momento de aprobar la operación.
Debate sobre transparencia y ajuste fiscal
Desde el Gobierno aseguran que estas modificaciones permitirán una gestión más eficiente de los bienes públicos, reduciendo tiempos administrativos y facilitando la venta de activos estatales.
Sin embargo, especialistas en derecho administrativo advierten que la flexibilización de los procedimientos podría generar falta de transparencia y abrir la puerta a ventas discrecionales en lugar de licitaciones públicas más controladas.
Esta medida se enmarca en el plan de ajuste fiscal y reestructuración del Estado, con el que el Ejecutivo busca desprenderse de bienes considerados innecesarios para reducir el gasto público.
