CONTRAATAQUE
Luego del revés judicial que implicó la suspensión cautelar de artículos de la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno nacional puso en marcha un contraataque legal con el objetivo de revertir la medida y sostener la vigencia plena de la norma.
Desde el oficialismo fueron contundentes: avanzarán “hasta las últimas consecuencias” para defender una ley que, remarcan, cuenta con legitimidad parlamentaria tras haber sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras. La reacción fue inmediata y se tradujo en la decisión de apelar el fallo.
La ofensiva estará encabezada por el Ministerio de Capital Humano junto a la Procuración del Tesoro de la Nación, organismos que ya trabajan en la estrategia jurídica para dejar sin efecto la resolución del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que había hecho lugar a una presentación de la CGT.
En este contexto, el Ejecutivo evalúa dos caminos posibles para avanzar con la apelación: recurrir al fuero laboral o trasladar la disputa al fuero contencioso administrativo federal, una definición clave que podría incidir en el desarrollo del conflicto. Desde la Casa Rosada anticipan novedades en las próximas horas.
Mientras tanto, el Gobierno refuerza su posicionamiento político y discursivo en defensa de la reforma. En un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello cuestionó con dureza la medida judicial y apuntó contra sectores sindicales. “Se rechazan los intentos de quienes priorizan intereses corporativos y sectoriales para frenar las reformas necesarias que permitan superar el desempleo y el estancamiento”, señalaron.
El movimiento del Ejecutivo deja en claro que la disputa no se limitará al plano judicial, sino que también tendrá un fuerte componente político. La administración libertaria busca sostener una de sus principales reformas estructurales y evitar que el fallo marque un precedente que complique la implementación del resto de la ley.
Así, el escenario se encamina a una escalada judicial y política, con un Gobierno decidido a redoblar la apuesta para garantizar la aplicación de su programa de modernización laboral frente a la resistencia sindical.
