El Gobierno anunció la suspensión de 110.522 pensiones por discapacidad consideradas “mal otorgadas” en gestiones anteriores, además de otras 8.107 prestaciones correspondientes a personas fallecidas y 10.038 casos de renuncias voluntarias. La información fue brindada este jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia en Casa Rosada.

Adorni denunció la existencia de una actividad fraudulenta a gran escala, con un posible desvío de fondos cercano a los 1.000 millones de dólares. Explicó que entre 2003 y 2015 las pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentaron de 79.000 a más de un millón, una cifra que calificó de “desproporcionada” para un país sin conflictos bélicos ni desastres naturales.

El vocero comparó esta situación con otros países, señalando que mientras en Israel el 3,6% de la población activa recibe pensiones por discapacidad, en Argentina ese porcentaje asciende al 4,6%. Además, cuestionó a la oposición por defender “un sistema corrupto” que favoreció intereses políticos y aseguró que muchos legisladores que ahora critican las medidas son responsables de haber diseñado este esquema.
