AUDITORÍA
El Gobierno avanza con una auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y ya suspendió más de 80.000 beneficios por irregularidades. Según informaron desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo, el 60% de los beneficiarios no se presentó a verificar su situación. Solo estas bajas ya generan un ahorro fiscal superior a los $23.000 millones mensuales.
Las auditorías detectaron casos de fallecidos que seguían cobrando, presos y prófugos que percibían el beneficio, personas con certificados médicos falsos e incluso situaciones insólitas como radiografías utilizadas en 150 trámites distintos. Desde la Casa Rosada no descartan que las bajas superen las 250.000 pensiones al finalizar el proceso.
El Gobierno sostiene que el objetivo es reordenar un sistema que fue utilizado políticamente y garantizar que las pensiones lleguen únicamente a quienes realmente las necesitan. La revisión incluye nuevas condiciones de compatibilidad, actualización de datos y auditorías presenciales, con participación de profesionales del PAMI y la propia ANDIS.
