El proyecto que busca combatir la ludopatía y controlar las apuestas online permanece estancado en el Senado desde hace varios meses, tras haber recibido media sanción en la Cámara de Diputados a finales de noviembre pasado.
El retraso en su tratamiento se debe, en parte, a la presión de grupos empresariales, pero también a que el dictamen aprobado abarca temas que corresponden a distintas comisiones del Senado, lo que complica su avance.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, senadores de varios bloques preparan una nota para enviar al secretario parlamentario, Agustín Giustinian, solicitando limitar el análisis a dos comisiones y convocar una reunión plenaria para agilizar el proceso.

Otra dificultad radica en la existencia de numerosos proyectos similares presentados por senadores, que presentan diferencias significativas con el texto aprobado en Diputados. Desde marzo pasado, no se han concretado avances para resolver estos conflictos.
El proyecto remitido al Senado incluye en su artículo 8 estrictas restricciones para las empresas de apuestas virtuales en todo el país, prohibiendo la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas online.
La norma alcanza plataformas digitales, redes sociales, tecnologías de la información, comunicación audiovisual, publicidad exterior, indumentaria deportiva, carteles públicos y privados, así como medios gráficos, radiales y televisivos. También se extiende a cualquier futuro medio tecnológico que pueda utilizarse para estos fines.
No obstante, permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y agencias oficiales de lotería. Además, prohíbe el acceso de menores a plataformas digitales de apuestas y la publicidad en camisetas deportivas o espectáculos masivos.

El texto establece penas de tres a ocho años para quienes organicen o administren sistemas de apuestas sin autorización legal.
El carácter restrictivo de la ley ha generado debates sobre la competencia del Congreso para legislar en áreas que podrían corresponder a provincias, principalmente porque está en juego la recaudación fiscal.
Sin embargo, sus promotores sostienen que la regulación responde a una cuestión de salud pública, dado que la problemática afecta a miles de adolescentes y jóvenes. Según estudios, 8 de cada 10 jóvenes conocen a alguien que ha utilizado apps o sitios de apuestas online en el último año, y un 37% de ellos accede a estas plataformas con frecuencia o diariamente.
Por otra parte, la Iglesia manifestó su interés en que se avance con la ley y transmitió su postura a la vicepresidenta Victoria Villarruel en febrero pasado. La titular del Senado se limitó a apoyar públicamente la iniciativa a través de un reposteo en redes sociales.
