JUSTICIA FEDERAL
El Tribunal Oral Federal 7 dispuso que este martes, a partir de las 13, se retome el juicio por la causa Cuadernos de las Coimas. La jornada continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio que involucra a 86 imputados, proceso que se extenderá hasta el 2 de diciembre.
Para esta etapa, el tribunal definió implementar dos audiencias semanales. La medida se suma a los pedidos reiterados a tribunales superiores y a la Corte Suprema para disponer de más recursos humanos y mejoras edilicias, con el fin de afrontar la magnitud del expediente.
A lo largo de las dos audiencias de esta semana se leerán los elementos de prueba que permitieron al fiscal Carlos Stornelli sostener las imputaciones que serán debatidas durante el juicio. De acuerdo con la acusación, se investigan 540 hechos vinculados a supuestos pagos ilegales realizados por empresarios para acceder a contratos de obra pública, energía y transporte.
Entre los imputados se encuentran 65 empresarios y dos choferes, incluido Oscar Centeno, autor de los cuadernos que originaron la causa e imputado colaborador bajo el cargo de presunta asociación ilícita.
Un sobreseimiento confirmado la semana pasada
Días atrás, el TOF resolvió apartar del debate a Enrique Menotti Pescarmona (83), presidente de IMPSA, y dictar su sobreseimiento. La decisión se basó en la constatación de una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva, según el informe del Cuerpo Médico Forense.
Los principales acusados
Además de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, serán juzgados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obra pública José López; el exfuncionario de esa cartera Roberto Baratta y los exsecretarios de Transporte,Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
También figuran entre los imputados Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona, entre otros empresarios.
La investigación sostiene que existió una asociación ilícita que habría operado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015 para recaudar fondos provenientes de empresas contratistas del Estado.
