AVANCE DEL JUICIO
La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó a la Justicia de Estados Unidos la suspensión “de forma inmediata” del proceso de discovery en el marco del juicio por la expropiación de YPF, una de las causas internacionales más sensibles para el Estado argentino.
El organismo que encabeza el procurador Sebastián Amerio presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de frenar la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery) vinculada al pedido de sanciones contra la Argentina y a la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril.
En la presentación judicial, los abogados del Estado argentino detallaron los argumentos que respaldan el pedido de suspensión, señalando que existen “fundamentos sólidos” para revertir la decisión apelada. Entre ellos, mencionaron la “incorrecta aplicación del derecho argentino” y el principio jurídico de “fórum non conveniens”, que cuestiona la jurisdicción elegida para el litigio.
Además, la Procuración advirtió que la continuidad del discovery podría provocar un “perjuicio irreparable para la soberanía nacional”, con potencial impacto en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de las relaciones financieras del país.
El escrito también subraya que el interés público aconseja evitar posibles consecuencias negativas en las relaciones exteriores de la Argentina, así como eventuales ineficiencias procesales en caso de que la resolución de fondo deje sin efecto las controversias vinculadas con la ejecución de la sentencia.
En ese contexto, el Gobierno recordó ante el tribunal que Argentina ya cumplió con los requerimientos del proceso, aportando más de 117.500 páginas de documentación, además de aproximadamente 37 horas de testimonio brindadas por siete funcionarios de alto rango.
La presentación también destacó la entrega adicional de más de 800 páginas de documentos y 86 notas de voz, como parte de la cooperación del país en la etapa de producción de pruebas.
Pese a ello, los demandantes solicitaron que la Argentina sea declarada “en desacato” y que se le apliquen sanciones, medidas que el Estado consideró “improcedentes y desproporcionadas”.
Otro de los puntos relevantes del planteo es el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó ante el tribunal de la jueza Loretta Preska, en Nueva York, un documento en apoyo a la posición argentina.
Finalmente, la Procuración del Tesoro aseguró que continuará ejerciendo todas las acciones y recursos jurídicos disponibles para “resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y los principios del derecho internacional público”.
En esa línea, el organismo remarcó que se mantendrá una “defensa firme y consistente del interés nacional y de la soberanía argentina” frente a cualquier medida que sea considerada contraria al orden jurídico argentino y a las normas fundamentales que regulan las relaciones entre Estados.
