De cara a la segunda quincena de enero, la CGT avanza en una definición estratégica frente al debate de la reforma laboral que comenzará a tomar forma en el Senado. Según fuentes sindicales, la central obrera tiene previsto involucrarse en las reuniones técnicas, aunque mantiene abiertas distintas opciones sobre el nivel de representación que asumirá en ese ámbito.
En la Cámara Alta funcionará, a partir del 16 de enero, una comisión técnica integrada por representantes del sindicalismo y del sector empresarial, con el objetivo de negociar modificaciones al proyecto oficial. Los eventuales cambios serían luego elevados al recinto, donde el tratamiento definitivo está previsto para el 10 de febrero.
En ese contexto, la CGT aún no resolvió si enviará dirigentes de primera línea, referentes de segunda línea o si directamente delegará la negociación en sus abogados laboralistas, una alternativa que no está descartada y que permitiría una participación más técnica y menos política.

La reapertura de esta instancia de diálogo fue impulsada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien previamente había decidido postergar el debate de diciembre a febrero frente a la fuerte resistencia sindical y las advertencias de conflicto social.
La postura de la central obrera se mantiene crítica. Tras la movilización del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, la CGT ratificó su rechazo a gran parte del articulado, especialmente a los puntos vinculados al cálculo de indemnizaciones, la actividad gremial y el Fondo de Asistencia Laboral, considerados ejes sensibles del proyecto.
En los últimos días, además, la organización sindical sumó cuestionamientos al capítulo referido a obras sociales y aportes patronales destinados a la salud, objeciones que fueron difundidas mediante posteos en redes sociales y que anticipan nuevos focos de tensión en la discusión legislativa.
Con un escenario aún abierto y negociaciones en etapa preliminar, la participación de la CGT en el Senado aparece como una pieza clave para definir el futuro de una reforma laboral que el oficialismo busca aprobar, pero que enfrenta resistencias estructurales en el movimiento sindical.


